La aplicación de la reforma al Código Penal de San Luis Potosí que sanciona el uso indebido de Inteligencia Artificial (IA) corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras la norma sigue vigente, aunque está impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, insistió que el Congreso aprobó únicamente el marco legal de la reforma y que su aplicación en casos concretos recae en la autoridad ministerial. Explicó que el tipo penal contempla sanciones por el uso de IA para alterar imágenes, audios o videos con el fin de modificar hechos o generar desinformación.
Añadió que el Ministerio Público integrará las investigaciones y determinará si los casos se judicializan, mientras que los jueces definirán la existencia de responsabilidad penal. Señaló que la norma mantiene su vigencia mientras no exista una resolución de fondo por parte de la SCJN.
Serrano Cortés evitó precisar los criterios de aplicación de conceptos como "alarma social" o los parámetros para medir el impacto de contenidos manipulados, al señalar que dependerán de cada caso y de la autoridad que los atienda. Agregó que el Congreso consideró el respeto a la libertad de expresión, aunque la interpretación jurídica no le corresponde.
El diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, respaldó la regulación del uso de inteligencia artificial en casos de manipulación con fines sexuales, daño a terceros o afectaciones al orden público, y pidió a la FGE informar si existen investigaciones relacionadas con una presunta lista de personas indagadas.
Arreola Mallol afirmó que su bancada no tiene conocimiento de expedientes ni órdenes de aprehensión, y que la información difundida proviene de filtraciones no confirmadas. Añadió que el Congreso mantiene el análisis de la regulación del uso de inteligencia artificial y que la norma contempla excepciones para sátira política, crítica y periodismo.