El legislador Juan Francisco Aguilar Hernández propuso reformar la Constitución del estado, a fin de eliminar el candado que impide a diputados, secretarios de despacho o fiscal general del estado ser nombrados magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, antes de que pase un año de su anterior encargo.
De acuerdo con la iniciativa, bastaría que quien ocupe alguno de esos cargos renuncie 90 días antes del día en que el titular del Poder Ejecutivo envíe la propuesta de candidatos a ocupar una magistratura del STJE.
Un requisito para ser magistrado, ahora previsto en la fracción VI del artículo 99 de la Constitución local establece:
“No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Diputado local, o Presidente Municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento”.
El candado busca garantizar la separación de poderes, además de evitar el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, impidiendo que representantes de un poder brinquen a otro, en este caso el Judicial del Estado.
En cambio, de prosperar la iniciativa del diputado Juan Francisco Aguilar, bastaría que un legislador local, fiscal general o presidente municipal renuncie al cargo tres meses antes de
ser propuesto.
La propuesta también se contrapone con otro principio establecido en el propio artículo 99 de la Constitución: “Los nombramientos de los magistrados deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia; o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la profesión del derecho” (con información de Rubén Pacheco).