La empresa Calidra y los gobiernos estatal y municipal de la capital fueron derrotados, y se quedaron sin armas jurídicas para sostener la operación de la compañía, misma que incluso había recibido algunos permisos al final de la administración del ayuntamiento pasado.
Luego de casi cinco años de litigio ante tribunales, los vecinos de los fraccionamientos de Bosques de la Florida, Residencial la Florida y Granjas de la Florida obtuvieron el tercer dictamen de nulidad a su favor, por lo que actualmente la empresa Calidra no cuenta con ninguna autorización vigente para continuar construyendo u operando la planta de hidratación de cal El Zacatón, ubicada en usos de suelo habitacional de baja densidad frente a sus casas.
Ante el conflicto e incompatibilidad que representa la instalación de industrias en usos de suelo establecidos como habitacionales desde 1993, vecinos de los fraccionamientos La Florida lograron en el año 2019 la nulidad lisa y llana de la Licencia de Construcción y en el mismo año obtuvieron la nulificación de su Licencia de Uso de Suelo, por decretarse su ilegalidad total e invalidez en el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa.
De acuerdo a los actos jurídicos promovidos que derivaron en la nulidad del último trámite, las nulidades dejaron en evidencia actos de corrupción que se encuentran en investigación por parte de la empresa Calidra, que según el desahogo de las investigaciones de los propios colonos, el predio donde se construye la obra cuenta con una vocación de uso de suelo Habitacional Densidad Baja, identificada con la clave H1, conforme al Plan de Centro de Población Estratégico para la Ciudad de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, publicado con fecha 21 de agosto del año 2003 y vigente hasta el día de hoy.
La resolución que da el tercer golpe a la empresa Cal Química Mexicana S.A. de C.V., se refiere al expediente 925/2018-2, notificada el 28 de febrero de este año, misma que resuelve la nulidad de la prórroga de la Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, por su ilegalidad e invalidez ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
La documentación legal que permitió ejecutar el proyecto de construcción consistía en la Licencia de Uso de Suelo, Licencia de Construcción y Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, la empresa calera no cuenta con ninguno de ellos, lo que obliga al ayuntamiento y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental a suspender las actividades y a la empresa a buscar un nuevo sitio fuera de la zona conurbada para reubicar sus actividades.