Este jueves es el último día legal para que la Comisión Estatal (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentaran una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal de San Luis Potosí que sanciona el denominado "uso indebido" de la Inteligencia Artificial (IA), una modificación aprobada en noviembre que ha sido señalada por su posible afectación a la libertad de expresión.
En el marco de que venciera el plazo constitucional, periodistas y personas defensoras de derechos humanos entregaron oficios de respaldo a ambas comisiones para solicitar que ejercieran esta facultad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conforme a los tiempos establecidos en la normativa, cuyo límite concluyó este 18 de diciembre.
El respaldo fue emitido por el Grupo Ciudadano de Trabajo, integrado por la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, el Colectivo Derechos Urbanos, el medio La Alcantarilla, la Asociación Voz y Dignidad por los Nuestros, la Colectiva DignidadEs Todas las Justicias, la Clínica de Litigio Estratégico de la UASLP y la Asociación Civil Educación y Ciudadanía, quienes se sumaron a la solicitud presentada por Luis González Lozano, representante de la Asociación Civil Cambio de Ruta.
De acuerdo con el grupo, la reforma impulsada por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortes, y aprobada por el Congreso del Estado el pasado 14 de noviembre incorpora conceptos ambiguos, indeterminados y de difícil aplicación técnica y jurídica, lo que podría derivar en interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades y en la criminalización de actividades legítimas como el periodismo, la edición de contenidos, la creación artística, la crítica política o el uso creativo e informativo de herramientas de IA.
Asimismo, recordaron que organizaciones especializadas en derechos digitales, como Artículo 19, han advertido que la falta de precisión en los nuevos tipos penales podría contravenir el principio constitucional de taxatividad previsto en el artículo 14 de la Constitución, así como estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, al ampliar de forma discrecional el poder punitivo del Estado y generar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.