El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que el veto ejercido por el Ejecutivo estatal sobre el decreto conocido como "Ley Gobernadora" se originó principalmente por la necesidad de modificar el mecanismo de alternancia de género propuesto para la elección de gubernatura en San Luis Potosí.
Torres Sánchez explicó que el análisis jurídico realizado por el Gobierno estatal detectó puntos del decreto que podrían vulnerar derechos político-electorales y limitar la libertad de los partidos para tomar decisiones internas sobre sus candidaturas.
Sin embargo, subrayó que el señalamiento central se enfoca en el diseño del criterio de paridad que obligaría a los institutos políticos a postular alternadamente mujeres y hombres desde la siguiente elección.
De acuerdo con el secretario, la observación enviada al Congreso plantea que el principio de alternancia no se aplique de inmediato.
En lugar de ello, se propone que para el proceso electoral de 2027 las fuerzas políticas puedan postular libremente a un hombre o una mujer, dependiendo de su definición interna y competitividad electoral.
La alternancia obligatoria comenzaría hasta la elección de 2033, y estaría determinada por la candidatura registrada previamente por cada partido. En términos prácticos, explicó Torres Sánchez, si un partido postula una mujer para la gubernatura en las elecciones de 2027, para 2033 tendrá que postular a un hombre; y si postula un hombre en 2027, en 2033 deberá registrar a una mujer.
Torres Sánchez sostuvo que permitir esa transición evitaría imponer restricciones inmediatas que podrían derivar en controversias legales e incluso judicialización del próximo proceso electoral, cuya preparación iniciará en noviembre.
Advirtió que el riesgo de litigios electorales fue uno de los elementos de mayor peso para que el titular del Ejecutivo ejerciera su facultad constitucional de veto.
Finalmente, el secretario precisó que la observación sobre la alternancia es la única modificación solicitada al Congreso. El resto del decreto permanece sin cambios y, de ser atendida la propuesta del Ejecutivo, podrá continuar su ruta legislativa para una eventual aprobación y promulgación.