Un caso de violación a un menor, que tardó siete años en encontrar justicia, es una muestra de que en San luis Potosí, el castigo a los infractores es lento y también es excepcional.
En tiempos en que el gobierno asegura tiene una postura más inflexible para los responsables con este delito, con la promoción de una iniciativa que pretende establecer la castración química como sanción a este crimen, la maquinaría de la justicia en San Luis expone su lentitud y falta de eficacia a la hora de castigar el delito.
Según estadísticas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los últimos dos años, sólo el 19% de las carpetas de investigación iniciadas por este delito concluyó en sentencia.
En 2023 y 2024, la Fiscalía General del Estado judicializó 448 carpetas de investigación por violación.
De esa cifra, sólo en 85 casos se registró una sentencia para los imputados. Y en cinco de ellos, el fallo fue exonerar a los acusados.
Pero el delito afecta a mucho más. En el bienio citado, hubo 227 víctimas menores de 18 años de edad víctimas de violación.
De los casos en los que se logra obtener una sentencia condenatoria contra el responsable, este medio detectó uno, cuyo fallo se emitió el año pasado, pero que ocurrió en 2017.
El responsable fue condenado a 3 años y seis meses de cárcel, la mitad del tiempo que le llevó ser condenado, y deberá pagar una sanción económica de 46 mil 800 pesos.
Además de la agresión sexual, también hubo amenazas y tortura contra el afectado.