Aunque dijo que la administración estatal no es represora de la libertad de protestar, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, asumió que tales acciones no deben afectar a terceros, porque puede configurarse el delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte.
Por lo tanto, supuso que todas las manifestaciones deben tener un orden, y en caso de catalogarse dicho ilícito, las personas inconformes tendrían sanciones y repercusiones legales.
En los últimos dos días, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) realizaron manifestaciones en calles del Centro Histórico en contra del Poder Ejecutivo, debido a distintas afectaciones, sobre todo de tipo financiero. Por ejemplo, este jueves bloquearon por varios minutos la glorieta del distribuidor Benito Juárez.
El mandatario estatal subrayó que desde que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo, la administración ha sido "muy respetuosa" con todas las personas que deciden manifestarse en la vía pública.
"A nadie se le ha reprimido. Ustedes (la prensa) lo saben: hemos sido de los gobiernos que más libre hemos dejado el tema de las manifestaciones, pero creo que hoy debemos ponerle un orden", opinó el entrevistado.
El numeral 351 del Código Penal del Estado, precisa que comete el delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, quien dolosamente obstaculiza una vía de comunicación estatal o municipal.
La sanción corresponde a una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 70 a 200 días de valor de la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente de 7 mil 261.8 a 20 mil 748 pesos.