El consejero electoral, Juan Manuel Ramírez García, dijo lamentar lo que parece desinterés de los partidos políticos representados en Congreso por garantizar un proceso de calidad en 2024, al no haber aprobado recursos suficientes para las necesidades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
En entrevista para Pulso al Aire, explicó que los 100 millones de pesos autorizados para realizar los comicios del próximo año es insuficiente, pues es un gasto similar al de 2018, pero actualmente hay una inflación acumulada del 33%.
La contratación de personal, la instalación oficinas, la impresión del material electoral y boletas para 100 mil votantes más genera gastos que con el presupuesto designado "representa un problema muy grande... son circunstancias distintas que no teníamos anteriormente", subrayó.
Además, recordó que el Ceepac ya tenía una reducción de su gasto en general, pues solicitó 668.4 millones de pesos y fueron aprobados 382.1 millones.
En caso de no haber una modificación del presupuesto, Ramírez García dijo que se garantizarán elecciones con transparencia, legalidad, certeza, máxima publicidad, pero "no hay garantía de que sea un proceso de calidad".
Por ejemplo, explicó que se prevé la contratación de un tercer proveedor que apoyará al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuya licitación podría quedar desierta por la poca disponibilidad de recursos.
También puso como ejemplo que la documentación, boletas y en general todo el material electoral podría no cumplir con estándares de calidad que establece la normatividad para que sean seguros.
Recordó que la mayoría de las fuerzas políticas están representadas en el Ceepac y sus diputados avalaron este presupuesto en Congreso, por lo que el mensaje implícito "es que pereciera que no les importara el proceso electoral y ellos son los principales beneficiarios de que haya certeza, legalidad, etcétera".
Indicó que la necesidad del recurso adecuado se les explicó a los legisladores, ya que contar con lo suficiente evitará que, después del 2 de junio, no haya problemas de gobernabilidad a causa de un proceso que no cumplió con las normas y leyes correspondientes.