La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) del gobierno estatal se comprometió a compartir con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cualquier información sobre indicios de corrupción de servidores públicos, particulares y “personas políticamente expuestas”, concepto que abarca a funcionarios de casi todas las dependencias del Ejecutivo.
Lo anterior quedó establecido en el convenio firmado en octubre del año pasado entre la UIF y el gobierno del estado, cuya copia tiene este medio.
La SHCP define a las “personas políticamente expuestas” a los funcionarios que por su empleo o cargo puedan ser medio para facilitar la comisión de delitos de uso de recursos de procedencia ilícita o terrorismo a través de actos de corrupción, cohecho o peculado.
Además, dichos funcionarios deben tener injerencia en la decisión del destino de recursos públicos, contrataciones de bienes y servicios, además del otorgamiento de subsidios y apoyos.
La dependencia federal maneja una lista de personas políticamente expuestas que engloba al presidente de la República, todos sus secretarios de gabinete, el Fiscal General oficiales mayores delegados, titulares de unidades administrativas y sus subalternos en dos niveles.
El documento establece que los equivalentes estatales de estos funcionarios son también personas políticamente expuestas.
El convenio fue entregado por la UIF en respuesta de una solicitud de información. Una petición semejante tuvo una respuesta negativa de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado que contestó que mantendría bajo reserva durante cinco años toda la información relativa a la UIPE por motivos de seguridad.
La dependencia entregó una versión pública, en el que testó una parte relevante, consistente en los compromisos adoptados por la UIF y el gobierno estatal.
El convenio establece en una de sus claúsulas que su propósito principal es el intercambio de información sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento del terrorismo y hechos de corrupción contra el servicio público “cometidos por servidores públicos y/o por particulares, así como personas políticamente expuestas de las dependencias del Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí”.
También se enfatiza el peso de la confidencialidad en la relación entre las dependencias. El convenio hace obligatoria la reserva de información que manejen, prohibiendo divulgar esos datos.