En San Luis Potosí, la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos ocurre, pero no se puede medir con claridad. No por falta de agresiones, sino por la ausencia de registros públicos confiables. En el marco del 4 de enero, Día del y la Periodista, el problema no es solo el riesgo que enfrenta el gremio, sino la opacidad institucional que impide saber cuántos casos existen, qué tipo de ataques se repiten y quiénes están detrás.
El Diagnóstico sobre la política estatal de protección (2013-2023), elaborado por Alejandra Balduvín Álvarez y María José Puente Zavala, en colaboración con Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), advierte que, la ley obliga al Mecanismo Estatal de Protección a generar estadísticas, prevenir agresiones y proponer ajustes legales. En la práctica no hay información sobre los casos que atiende. Esta falta de datos impide identificar patrones, responsabilidades y fallas, y deja sin sustento cualquier política pública que busque reducir los riesgos.
Las cifras federales muestran un panorama limitado. Según el Mecanismo Federal de Protección, en 2024 sólo 21 personas de San Luis cuentan con medidas de protección. Entre 2012 y 2022 se registraron 25 solicitudes.
Por su parte, la FEADLE reportó 14 denuncias de periodistas entre 2010 y 2022, y 5 más en 2023; sin embargo, el propio informe admite que solo en el 0.5% de las investigaciones hubo acción penal.
A nivel estatal, el diagnóstico documenta 133 atenciones entre 2015 y 2023, primero a través de la Unidad Estatal de Protección y, desde 2021, mediante el Mecanismo Estatal. No obstante, la Secretaría General de Gobierno reportó que entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023 sólo se recibieron cuatro solicitudes formales de incorporación, de las cuales sólo una se aceptó.
La falta de registros oficiales contrasta con los datos de organizaciones civiles. En 2023, Artículo 19 documentó 21 agresiones contra periodistas en San Luis Potosí, mientras que el Mecanismo estatal reportó solo cinco atenciones.