Rubén Pacheco y Rolando Morales/Pulso.- Mientras el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, consideró que se avanza en garantizar derechos de comunidad LGBTIQ+ en San Luis Potosí, la abogada y activista, Xóchitl Tolentino, señaló que autoridades estatales y la CEDH encubren a agresores de ese sector de la población.
"NO HAY FOCOS ROJOS"
No existe un "foco rojo" de violencia en San Luis Potosí contra la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTIQ+), dijo en entrevista Torres Sánchez.
El funcionario estatal informó que la Secretaría General atiende la demanda de darle seguimiento a una iniciativa para tipificar el delito de odio, consistente en endurecer las penas cuando se cometan homicidios dolosos contra integrantes LGBTTIQ+.
Se refirió a la moción presentada ante el Congreso del Estado el 11 de diciembre del 2020 por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la comunidad LGBTTIQ+, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
"Hemos avanzado. Hace unos días vieron que se realizaron adecuaciones al reglamento del Registro Civil, lo que permitió llevar a cabo el registro del menor de una pareja igualitaria, y bueno, vamos avanzando", aseguró.
Entre 2017 y 2024, se registraron 15 asesinatos, 11 desapariciones y un suicidio de integrantes de la comunidad LGBTIQ++, según un informe de la organización civil Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad (Mutelas).
"SE ENCUBRE A AGRESORES"
Aparte Xóchitl Tolentino, denunció la falta de compromiso de las autoridades estatales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la atención de los casos de violencia y discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ en San Luis Potosí.
En entrevista, la defensora señaló que persiste una connivencia entre instituciones que, en lugar de proteger a las víctimas, actúan para encubrir irregularidades y mantener acuerdos "en lo oscurito" con las personas agresoras.
"Nos dicen que no hay discriminación porque no hay queja, pero ni siquiera escuchan a las personas afectadas. Hacen acuerdos sin presencia de las víctimas, y eso no me parece. Parece que son parte del Gobierno, no parte defensora de los derechos humanos", expresó Tolentino.
La activista criticó además la falta de capacitación y profesionalización del personal encargado de atender los casos de violencia por motivos de género o identidad.
"Hay vacas sagradas de años, muchos compromisos políticos, todo el sistema está viciado. Se necesita gente nueva, preparada y con sensibilidad. No se trata de poner a personas por dedazo, sino de garantizar justicia", afirmó.
Tolentino subrayó que esta falta de respuesta institucional provoca un profundo impacto emocional en las víctimas, algunas de las cuales enfrentan episodios de ansiedad y depresión a causa del abandono institucional.
"Hay casos en los que las personas afectadas ya no quieren seguir denunciando. Llegan a estados de depresión tan graves que incluso ponen en riesgo su vida. Esto no puede seguir pasando", advirtió.
Las declaraciones de la abogada surgen tras la presentación del informe "No somos números. Somos Vida", elaborado por la organización civil Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad (Mutelas), que documenta 27 crímenes de odio cometidos en San Luis Potosí entre 2017 y 2024, incluyendo 15 asesinatos y 11 desapariciones.
Tolentino insistió en la necesidad de que las instituciones cumplan su función con imparcialidad, transparencia y verdadera empatía hacia las víctimas, y llamó a establecer un compromiso real con la justicia y los derechos humanos.
"Debe haber cero tolerancia a la violencia y discriminación, pero sobre todo, justicia imparcial. Que cada institución haga lo que le corresponde, sin acuerdos detrás de puertas cerradas", concluyó.