Al menos 25 zonas de exterminio en San Luis Potosí permanecen sin ser procesadas debidamente, mientras las familias buscadoras enfrentan falta de recursos para realizar labores de búsqueda e investigación, además de amenazas y desplazamientos forzados, denunció Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto, Pérez Rodríguez señaló que el colectivo ha identificado más de 140 zonas de exterminio en el estado con base en informes oficiales y trabajo de campo. Entre ellas se encuentra un sitio localizado hace dos años en Tamasopo durante acciones de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda y madres buscadoras, cuyo procesamiento, afirmó, avanzó luego de que el colectivo interviniera ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
La activista cuestionó que, pese a la existencia de instituciones de búsqueda y laboratorios forenses, las desapariciones continúen en aumento. Señaló que algunas familias que comenzaron buscando a sus seres queridos con vida terminaron encontrándolos en fosas clandestinas, enterrados, fragmentados, calcinados o bajo otros métodos utilizados para ocultar sus restos.
La violencia, advirtió, también alcanza a quienes buscan. Pérez Rodríguez explicó que han conocido casos de familiares de personas desaparecidas que fueron amenazados, desplazados de sus municipios o cuyas viviendas fueron atacadas. Estas situaciones, agregó, pueden impedir que presenten una denuncia y provocar que los casos ni siquiera aparezcan en los registros oficiales.
Esta falta de denuncias también dificulta dimensionar la crisis de desapariciones en San Luis Potosí, especialmente porque el estado forma parte de la ruta de personas migrantes. Voz y Dignidad por los Nuestros acompaña casos de personas guatemaltecas, salvadoreñas y colombianas desaparecidas en territorio potosino, cuyos casos pueden quedar fuera de los registros cuando sus familias se encuentran lejos de México.