Ciudad de México.- El delito de la extorsión debe ser prioridad nacional porque, a pesar de que hay una disminución en los ilícitos se expande con rapidez por ““a ausencia de acciones contundentes”, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En 2025, en 20 de las 32 entidades aumentó la variación anual de la extorsión, “en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo”, sobre todo en Tlaxcala en 1,300%, Chiapas 364.3%, Ciudad de México 264.4%, Nayarit 171.4%, Yucatán 100%, y Puebla 84.4%, lo que muestra incrementos de más de dos dígitos y que hay disparidad en las estrategias locales.
Dicho delito se convirtió “en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México. No se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, particularmente en determinadas regiones”.
En un comunicado la Coparmex afirmó que “la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva”. Del 2015 al 2025 ese ilícito subió 78%, con un número anual de víctimas que pasó de 6 mil 223 a 11 mil 81, lo que muestra que estamos ante un problema que no es coyuntural.
El sindicato patronal pidió colocar “la extorsión como prioridad nacional de política pública. Si bien es relevante la aprobación de la Ley General para combatir este fenómeno, resulta indispensable que, con toda prioridad, los gobiernos locales constituyan las unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para atender este grave delito.