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En México debe haber voluntad para mejorar el Estado de derecho y combatir la corrupción porque provoca que anualmente cada una de las empresas que hay en el país erogue 12 mil pesos en agilización de trámites, para evitar multas u obtener licencias o permisos, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
En su mensaje semanal "Señal Coparmex", el líder del sindicato patronal expuso que de acuerdo con cifras del Inegi las motivaciones para incurrir en actos de corrupción tienen que ver con facilitar el cumplimiento de regulaciones y evitar el pago de sanciones. Y todo ello cuesta mil 600 millones de pesos anuales, un promedio de 12 mil pesos por negocio.
"El costo de la corrupción es aún mayor si consideramos que estos actos inhiben la inversión en el país, como se afirma en el Reporte de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, donde determinan que la corrupción es el factor más problemático para hacer negocios en México", explicó.
Además de que vivimos en un país donde el 50% de los encuestados reporta haber tenido que pagar algún soborno a algún servidor público, porcentaje por arriba del promedio de América Latina.
Para De Hoyos es claro que los retos más apremiantes del país tienen que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho: La erradicación de la corrupción; La mejoría en la seguridad pública, personal y patrimonial y; el combate a la impunidad.
Aseguró que la ruta de acción es clara: "combatir las resistencias que han impedido la completa instalación del Sistema Nacional Anticorrupción".
En materia de inseguridad "una de las acciones de hondo calado, es la revisión a fondo del entramado institucional en materia de seguridad pública, para evaluar si debe hacerse una modificación a fondo de la arquitectura institucional del ecosistema de seguridad pública, segregando de la Secretaría de Gobernación, la coordinación de la función de seguridad".
Además de que debiera revisarse el modelo de mando único porque "tiene signos de haber resultado ineficaz", entre muchas otras acciones necesarias para reducir la inseguridad.
"Tanto la corrupción como la seguridad pública, y desde luego la falta de certidumbre jurídica en muchas áreas de la convivencia social, son problemas directamente asociados a la impunidad rampante que priva en nuestro país", dijo y añadió que el grave problema es que el 93% de los delitos no se denuncian, o no tienen averiguación previa o carpeta de investigación.
Por lo anterior hizo un llamado a actores políticos y a los Poderes Ejecutivos de la Federación y de los Estados, para mostrar voluntad política e impulsar las reformas en la materia. Y pidió a los legisladores aprovechar el tramo restante de su mandato dejar de lado posiciones irreductibles y cálculos electorales y concretar la reforma que dará fuerza al Estado de Derecho del país.