El sector financiero de Estados Unidos, representado por Wall Street, ha jugado un papel clave en la expansión de las prisiones y los centros privados de detención para inmigrantes en Estados Unidos, según un informe difundido hoy.
Elaborado por varios organismos civiles, el informe destacó que la expansión de la industria de la detención en Estados Unidos, que incluye prisiones y centros para migrantes, ha sucedido a costa tanto de las comunidades afroamericanas y latinas como de los migrantes.
El informe subrayó el papel vital de tres importantes instituciones financieras de Wall Street: los bancos JPMorgan Chase y Wells Fargo y el controlador de fondos de inversión BlackRock, que han mantenido y expandido “la lucrativa industria de las prisiones privadas y los centros de detención”.
Estas empresas, de acuerdo con el informe, están en vías de ganar millones de dólares de la criminalización adicional de inmigrantes y comunidades de color emprendida por el gobierno del presidente Donald Trump.
Titulado “Financiando la opresión”, el documento reveló la manera en que los principales prestamistas de Wall Street apuntalan la industria privada de la detención, con un valor de cinco mil millones de dólares.
El informe fue elaborado por los organismos civiles Centro para la Democracia Popular, Se Hace Camino Nueva York, Comunidades para el Cambio de Nueva York, Enlace Internacional y la Coalición Strong Economy for All.
Ana María Archila, codirectora ejecutiva del Centro para la Democracia Popular, afirmó que a medida que la administración Trump continúa intensificando sus ataques contra las comunidades de color, es necesario poner freno a su agenda de detención y deportación.
“Wall Street tiene la responsabilidad de colocar a las personas por encima de las ganancias y de garantizar que no están contribuyendo a una industria que daña a tantas comunidades”, opinó Archila.
Las grandes empresas de la detención en Estados Unidos, GEO Group y CoreCivic, dependen en gran medida del financiamiento de las mayores instituciones financieras de Wall Street.
De hecho, el informe reveló que, a fines de 2017, nueve de cada diez dólares con los que operaba CoreCivic eran financiados por Wall Street; en tanto que para GEO Group eran diecinueve de cada veinte dólares.
A cambio de financiar prisiones privadas, los bancos de Wall Street ganan cientos de millones de dólares en intereses y pagos. Solo en 2017, el informe calculó que los prestamistas ganaron 217.5 millones por intereses de la industria privada de la detención estadunidense.
El informe detalló cómo los prestamistas están en un lugar privilegiado para beneficiarse de una ganancia económica aún mayor como resultado de la agenda antiinmigrante y pro-encarcelamiento de Trump.
Jonathan Cortés, miembro de Se Hace Camino Nueva York y quien estuvo siete semanas detenido en un centro de CoreCivic, se quejó de que recibía apenas un dólar de pago por cada día que trabajó dentro de ese recinto, mientras que le costaba dos dólares cada minuto de llamada telefónica a su familia.
Asimismo, los administradores de CoreCivic le negaban ver a un médico cuando estaba enfermo, de acuerdo con Cortés. El inmigrante explicó que las empresas que financian a los centros de detención son también responsables de estos tratos.
El informe denunció que en público estas empresas han criticado públicamente las políticas de inmigración de Trump y han manifestado su apoyo a jóvenes Dreamers o aquellos que fueron traídos en su niñez a Estados Unidos.
Al mismo tiempo, sin embargo, estas empresas de Wall Street “contribuyen a la expansión de una industria que afecta desproporcionadamente a las comunidades negras y morenas, y a los inmigrantes”, de acuerdo con el reporte.