Ciudad de México.- De 2015 a 2018 fueron presentadas 210 denuncias en contra de los llamados “factureros” ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que significó en promedio 52.5 cada año.
Empero, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 2019 podría cerrar con un número superior a 300 acusaciones -30 por ciento más respecto a los cuatro años anteriores- para quienes buscan evadir al fisco con facturas falsas.
“Eso habla de una crisis de la sociedad”, sostuvo la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, al señalar que esos hechos han permitido evidenciar una red de empresas -145- factureras con operaciones simuladas por al menos 50 mil millones de pesos.
El SAT tenía identificadas al menos 10 mil empresas dedicadas a esa actividad ilícita, con casi nueve millones de facturas falsas, hasta principios de septiembre de 2019.
Esto representó una evasión fiscal de 354 mil millones de pesos, es decir, 1.4 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB). Se estima que la emisión de esos documentos creció 21 veces desde 2014 y hasta 2018.
Nueva ley
En semanas pasadas fue aprobado el dictamen de reforma que tipifica la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, considerado grave y que amerita prisión preventiva de oficio.
La iniciativa busca proteger a los empresarios honestos, el daño al erario ascenderá a más de 7.8 millones de pesos y aplicará sanciones de entre dos y nueve años de prisión.