Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) trata por todos los medios evitar, retrasar o reducir los montos, hasta donde sea posible, de pagos a proveedores y contratistas que realizan trabajos de rehabilitación en refinerías.
Los adeudos o pasivos financieros que la petrolera arrastra desde 2017 con proveedores se ha convertido en una losa que, de acuerdo con sus estados financieros, asciende a 180 mil 535 millones de pesos al primer trimestre de 2020.
A través de auditorías internas coordinadas desde la Dirección General de Pemex y notificadas a su Consejo de Administración, se revisan una y hasta tres veces contratos vigentes y concluidos para detectar el mínimo detalle con el que puedan justificar pagos inferiores.
A lo largo de esta administración, de acuerdo con oficios en poder de El Universal, personal de Auditoría Interna de Pemex y residentes de obra se han dado a la tarea de buscar cualquier clase de trabajo que a su juicio “no debieron pagarse o ejecutar, u observaciones pendientes de justificar”.
La búsqueda de las auditorías se sustenta en observaciones que se catalogan como “No procedentes”, es decir, aquellas que unilateralmente los revisores determinan que la Residencia de Obra no debió pagar y que para ellos no tiene justificación, aunque la contratista haya ejecutado los trabajos bajo los requerimientos del contrato legal.
Y las observaciones que se determinan como “Pendientes para justificar” y para las cuales otorgan un plazo al Residente de Obra de cinco días para presentar las evidencias, tiempo muy corto por la información documental que se elabora para estos contratos.