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Ecuación impune
Silencio cómodo
No resulta alentador que un escándalo de corrupción confesado en un video y denunciado por un alcalde, esté empantanado por el limbo legal creado por el Congreso del Estado con su tardanza de emitir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
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“La Ecuación Corrupta” cumplió un año de haber sido descubierta, pero poco se ha avanzado en investigar, comprobar responsabilidades y sancionarlas. En la lista, sólo uno, Enrique Flores Flores, enfrenta a la justicia, pese a que nombró a tres de sus compañeros, Óscar Bautista Villegas, J. Guadalupe Torres Sánchez y Manuel Barrera Guillén, y en la Auditoría Superior del Estado, decenas de funcionaros, incluyendo su cúpula, también fueron enmarcados en el esquema corrupto.
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Flores Flores fue el evidente “chivo expiatorio” tras revelarse el escándalo. Y nadie más pagó. Bautista Villegas espera regresar a la Cámara de Diputados; Torres Sánchez adoptó un bajo perfil, y Barrera Guillén optó por un retiro estratégico, aunque maniobra buscando un regreso tras la próxima elección.
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En la ASE, José de Jesús Martínez Loredo y su primer círculo están fuera de la vida pública. Desprestigiados, pero impunes.
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Ante ellos, está una fiscalía de cortos alcances, sin atribuciones para actuar, recursos para operar, personal que colabore con la investigación y sin siquiera una sede.
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Así, es entendible por qué la justicia lleva tanto retraso. El riesgo de que este periodo de práctica inactividad se extienda es que, al final, la impunidad se imponga.
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El Interapas optó por hacer mutis y no responder a las peticiones de reacción por el severo revés legal que sufrió luego de que un juez federal desmontara el montaje levantado contra una negociación propiedad de empresarios vinculados al vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción.
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Se trata de una maniobra a conveniencia, porque no hay justificación legal para que no rindan cuentas de su actuación en este caso.
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En el amparo, la única prohibición al Interapas para difundir información es la referente a los datos personales de los socios de la empresa y el nombre del negocio.
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De hecho, el Interapas permanece en desacato, porque el boletín informativo que despliega dichos datos aún permanecía anoche en su página web.
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Pero sólo eso. Adoptando una posición cómoda para no explicar por qué difundió falsamente el inicio de un proceso legal y anunció, de manera anticipada, el presunto fin del mismo, el Interapas busca evitar dar cuentas.
Silencio cómodo
No resulta alentador que un escándalo de corrupción confesado en un video y denunciado por un alcalde, esté empantanado por el limbo legal creado por el Congreso del Estado con su tardanza de emitir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
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“La Ecuación Corrupta” cumplió un año de haber sido descubierta, pero poco se ha avanzado en investigar, comprobar responsabilidades y sancionarlas. En la lista, sólo uno, Enrique Flores Flores, enfrenta a la justicia, pese a que nombró a tres de sus compañeros, Óscar Bautista Villegas, J. Guadalupe Torres Sánchez y Manuel Barrera Guillén, y en la Auditoría Superior del Estado, decenas de funcionaros, incluyendo su cúpula, también fueron enmarcados en el esquema corrupto.
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Flores Flores fue el evidente “chivo expiatorio” tras revelarse el escándalo. Y nadie más pagó. Bautista Villegas espera regresar a la Cámara de Diputados; Torres Sánchez adoptó un bajo perfil, y Barrera Guillén optó por un retiro estratégico, aunque maniobra buscando un regreso tras la próxima elección.
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En la ASE, José de Jesús Martínez Loredo y su primer círculo están fuera de la vida pública. Desprestigiados, pero impunes.
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Ante ellos, está una fiscalía de cortos alcances, sin atribuciones para actuar, recursos para operar, personal que colabore con la investigación y sin siquiera una sede.
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Así, es entendible por qué la justicia lleva tanto retraso. El riesgo de que este periodo de práctica inactividad se extienda es que, al final, la impunidad se imponga.
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El Interapas optó por hacer mutis y no responder a las peticiones de reacción por el severo revés legal que sufrió luego de que un juez federal desmontara el montaje levantado contra una negociación propiedad de empresarios vinculados al vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción.
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Se trata de una maniobra a conveniencia, porque no hay justificación legal para que no rindan cuentas de su actuación en este caso.
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En el amparo, la única prohibición al Interapas para difundir información es la referente a los datos personales de los socios de la empresa y el nombre del negocio.
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De hecho, el Interapas permanece en desacato, porque el boletín informativo que despliega dichos datos aún permanecía anoche en su página web.
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Pero sólo eso. Adoptando una posición cómoda para no explicar por qué difundió falsamente el inicio de un proceso legal y anunció, de manera anticipada, el presunto fin del mismo, el Interapas busca evitar dar cuentas.
