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Más saqueos Casi una tragedia
El talante depredador de la pasada administración municipal se refleja nuevamente, ahora con la desaparición de las cuotas de ahorro descontadas a los empleados de la administración.
El variado menú de irregularidades que se ha ido descubriendo indica que, prácticamente el voraz gobierno gallardista le hincó el diente a todo recurso al que tuvo oportunidad.
Las partidas federales, el presupuesto para obras, adquisiciones de medicinas, el dinero de los parquímetros y ahora, las cuotas de ahorro de los empleados son parte del inventario de apropiaciones que, por ahora, parecen ilegales.
El aspecto novedoso en el caso de las cuotas de ahorro es que, al parecer, también la administración navista ha sido omisa en el asunto, por lo que es doblemente responsable de la solución.
Lo que queda en el aire también es si habrá una estrategia efectiva para recuperar los recursos de los que no se sabe con certeza su origen o de sancionar a los responsables de esa desaparición.
La ciudadanía ya está harta de denuncias que no llegan a ningún lado.
Los fantasmas del asesinato colectivo y la justicia por propia mano se aparecieron en Milpillas, en donde una turba intentó linchar a un profesor de primaria presuntamente involucrado en un caso de múltiple abuso sexual en contra de varios alumnos.
El hombre hubiera muerto si no hubiera sido rescatado por policías estatales, que también se llevaron su parte. Al final, el hombre fue rescatado y varios de los habitantes que participaron en la agresión, detenidos.
De nueva cuenta, las corporaciones policiacas no supieron actuar en una contingencia. El uso abierto de las armas, incluso usándolas para tirar al aire, fue una invitación a la tragedia.
Estuvo a punto de repetirse la tragedia de El Jaralito, cuando, en 2010, policías estatales dispararon contra inconformes por la instalación de un relleno sanitario en la zona se manifestaron de forma violenta. Un joven ajeno al conflicto resultó muerto. Ayer pudo haber ocurrido algo similar.
Ahora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció una investigación de oficio para definir si hubo abusos contra civiles, además de pedir a la SEGE que garantice la integridad de los niños.
Y por si faltara polémica al grave caso, está el señalamiento de que las autoridades incurrieron en omisión de investigar presuntas denuncias previas de estas agresiones sexuales, ante autoridades policíacas y educativas. Ante el denunciado abandono de las autoridades, el enojo de los padres de familia se descontroló y agredieron al profesor.
En ningún modo se justifica el intento del linchamiento. La justicia por propia mano no debe tener el mínimo resquicio en San Luis Potosí.
Pero tampoco debe solaparse la negligencia de alguna autoridad en caso de que hubieran incumplido con alguna responsabilidad.
El talante depredador de la pasada administración municipal se refleja nuevamente, ahora con la desaparición de las cuotas de ahorro descontadas a los empleados de la administración.
El variado menú de irregularidades que se ha ido descubriendo indica que, prácticamente el voraz gobierno gallardista le hincó el diente a todo recurso al que tuvo oportunidad.
Las partidas federales, el presupuesto para obras, adquisiciones de medicinas, el dinero de los parquímetros y ahora, las cuotas de ahorro de los empleados son parte del inventario de apropiaciones que, por ahora, parecen ilegales.
El aspecto novedoso en el caso de las cuotas de ahorro es que, al parecer, también la administración navista ha sido omisa en el asunto, por lo que es doblemente responsable de la solución.
Lo que queda en el aire también es si habrá una estrategia efectiva para recuperar los recursos de los que no se sabe con certeza su origen o de sancionar a los responsables de esa desaparición.
La ciudadanía ya está harta de denuncias que no llegan a ningún lado.
Los fantasmas del asesinato colectivo y la justicia por propia mano se aparecieron en Milpillas, en donde una turba intentó linchar a un profesor de primaria presuntamente involucrado en un caso de múltiple abuso sexual en contra de varios alumnos.
El hombre hubiera muerto si no hubiera sido rescatado por policías estatales, que también se llevaron su parte. Al final, el hombre fue rescatado y varios de los habitantes que participaron en la agresión, detenidos.
De nueva cuenta, las corporaciones policiacas no supieron actuar en una contingencia. El uso abierto de las armas, incluso usándolas para tirar al aire, fue una invitación a la tragedia.
Estuvo a punto de repetirse la tragedia de El Jaralito, cuando, en 2010, policías estatales dispararon contra inconformes por la instalación de un relleno sanitario en la zona se manifestaron de forma violenta. Un joven ajeno al conflicto resultó muerto. Ayer pudo haber ocurrido algo similar.
Ahora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció una investigación de oficio para definir si hubo abusos contra civiles, además de pedir a la SEGE que garantice la integridad de los niños.
Y por si faltara polémica al grave caso, está el señalamiento de que las autoridades incurrieron en omisión de investigar presuntas denuncias previas de estas agresiones sexuales, ante autoridades policíacas y educativas. Ante el denunciado abandono de las autoridades, el enojo de los padres de familia se descontroló y agredieron al profesor.
En ningún modo se justifica el intento del linchamiento. La justicia por propia mano no debe tener el mínimo resquicio en San Luis Potosí.
Pero tampoco debe solaparse la negligencia de alguna autoridad en caso de que hubieran incumplido con alguna responsabilidad.
