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A nivel nacional, es ya un escándalo la decisión tomada en San Lázaro aprobar que el impuesto sobre la renta que genere el aguinaldo que recibirán los diputados lo pague el propio Poder Legislativo, o, lo que es lo mismo, que lo pague el erario.
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Así, cada legislador recibirá limpios, sin descuentos, los 46 mil 843 pesos del proporcional de esa prestación.
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El privilegio que se autorizaron los diputados federales podrá ser nuevo para ellos, pero en San Luis Potosí, parece que ya es una tradición de la que se benefician políticos de todos los poderes y niveles.
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En Soledad, ya confirman que este injusto beneficio es visto como ya con la formalidad de una “prestación” contractual, que al menos el año pasado, le costó casi 20 millones de pesos al erario soledense.
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No hay que olvidar que el Poder Judicial pidió en su petición presupuestal al Ejecutivo casi 90 millones de pesos del erario para saldar sus deudas fiscales.
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Y los diputados locales aprobaron sin rubor una partida de 9.3 millones de pesos como devolución del ISR del aguinaldo y la prima vacacional.
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Muy honestos y muy austeros, pero los políticos potosinos, sin distinción, abusan del erario para otorgarse un beneficio laboral totalmente injusto.
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Los diputados de Morena en la Comisión del Agua le acaban de hacer un gran favor a la alcaldía capitalina: se comprometieron a cargar con el costo político y las críticas que seguramente generará la aprobación del oneroso aumento a la tarifa del agua que proponen el Interapas y el alcalde Xavier Nava.
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No se explica de otra forma el voto favorable de dos diputadas morenistas que posibilitará que la citada comisión aprobara la iniciativa con el pesado incremento.
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Las bancadas priista y panista están unidas por la necesidad: los primeros necesitan votos para el presupuesto estatal propuesto por el Ejecutivo y los segundos, apoyo para su alcalde. El intercambio está claro.
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Pero Morena se mete en el asunto sin tener necesidad y a contracorriente del discurso de evitar nuevos impuestos y alzas que lesionen la economía familiar. En suma, que si el usuario impactado por el incremento a la tarifa, puede voltear a ver a los diputados del PRI, del PAN y de Morena.
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El escándalo de la suspensión anoche de una sesión del grupo coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción muestra el caos en que se mantiene ese mecanismo, cuya responsabilidad es compartida por la rebatinga de sus integrantes ciudadanos y la apatía de los funcionarios involucrados (de la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la Cegaip y otras).
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Y es que, teniendo los conocimientos de qué sí y qué no se puede hacer, los funcionarios han abandonado el proceso de formación del consejo, en un mal entendido temor a generar interferencia en los procesos que le tocan a la ciudadanía.
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También es mayúscula la descoordinación de las instancias oficiales, que parecen jalar cada quien para su lado o, en otros casos, luce como si no tuvieran peregrina idea de su apele en el sistema.
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¡HASTA MAÑANA!
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Así, cada legislador recibirá limpios, sin descuentos, los 46 mil 843 pesos del proporcional de esa prestación.
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El privilegio que se autorizaron los diputados federales podrá ser nuevo para ellos, pero en San Luis Potosí, parece que ya es una tradición de la que se benefician políticos de todos los poderes y niveles.
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En Soledad, ya confirman que este injusto beneficio es visto como ya con la formalidad de una “prestación” contractual, que al menos el año pasado, le costó casi 20 millones de pesos al erario soledense.
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No hay que olvidar que el Poder Judicial pidió en su petición presupuestal al Ejecutivo casi 90 millones de pesos del erario para saldar sus deudas fiscales.
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Y los diputados locales aprobaron sin rubor una partida de 9.3 millones de pesos como devolución del ISR del aguinaldo y la prima vacacional.
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Muy honestos y muy austeros, pero los políticos potosinos, sin distinción, abusan del erario para otorgarse un beneficio laboral totalmente injusto.
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Los diputados de Morena en la Comisión del Agua le acaban de hacer un gran favor a la alcaldía capitalina: se comprometieron a cargar con el costo político y las críticas que seguramente generará la aprobación del oneroso aumento a la tarifa del agua que proponen el Interapas y el alcalde Xavier Nava.
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No se explica de otra forma el voto favorable de dos diputadas morenistas que posibilitará que la citada comisión aprobara la iniciativa con el pesado incremento.
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Las bancadas priista y panista están unidas por la necesidad: los primeros necesitan votos para el presupuesto estatal propuesto por el Ejecutivo y los segundos, apoyo para su alcalde. El intercambio está claro.
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Pero Morena se mete en el asunto sin tener necesidad y a contracorriente del discurso de evitar nuevos impuestos y alzas que lesionen la economía familiar. En suma, que si el usuario impactado por el incremento a la tarifa, puede voltear a ver a los diputados del PRI, del PAN y de Morena.
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El escándalo de la suspensión anoche de una sesión del grupo coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción muestra el caos en que se mantiene ese mecanismo, cuya responsabilidad es compartida por la rebatinga de sus integrantes ciudadanos y la apatía de los funcionarios involucrados (de la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la Cegaip y otras).
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Y es que, teniendo los conocimientos de qué sí y qué no se puede hacer, los funcionarios han abandonado el proceso de formación del consejo, en un mal entendido temor a generar interferencia en los procesos que le tocan a la ciudadanía.
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También es mayúscula la descoordinación de las instancias oficiales, que parecen jalar cada quien para su lado o, en otros casos, luce como si no tuvieran peregrina idea de su apele en el sistema.
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¡HASTA MAÑANA!
