Tarifa enredada Doble rasero

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El tema del incremento de la tarifa del servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios de la capital, de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro está ya contaminado irremediablemente por la politización y por la torpeza de diversos actores políticos.
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Y cada día que pasa, el nudo parece enredarse más con cada intervención de los involucrados, que hacen todo menos aclarar el panorama.
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En el Congreso, los diputados de la Comisión del Agua incurren en la insólita situación de emitir “oficialmente” cifras del alza oficiales, sólo para hacer un tercer pronunciamiento en el que dicen que el aumento aún no se ha definido.
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Tres posturas en tres días. Y con eso, su responsabilidad de ofrecer un proceso claro para decidir la nueva tarifa fracasó evidentemente.
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El alcalde Xavier Nava tiene la casi imposible tarea de defender ante la opinión pública el incremento de casi el 40 por ciento que propone. Es una batalla perdida sin remedio.
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Morena está atrapada en el discurso de la defensa de los más necesitados. Por eso, la incongruencia de las diputadas de ese partido que votaron a favor del aumento en la Comisión del Agua. Y de ese tamaño fue también el regaño que se ganaron de su partido por esa decisión.
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Quizá los únicos beneficiados, políticamente son los perredistas, que verían con beneplácito que el alza naufrague y que sus adversarios políticos se vean afectados por la controversia.
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Olvidan, desde luego, que hace tiempo, era su jefe político, Ricardo Gallardo Juárez, tuvo toda la intención de incrementar la tarifa y, obviamente, los que hoy objetan el aumento, lo apoyaban.
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Mención aparte merece la Comisión Estatal del Agua, quien entra al asunto con un extraño boletín en el que, prácticamente, ordena a la Auditoría Superior del Estado elaborar un nuevo dictamen sobre el apego de las propuestas de aumento de las alcaldía pues, en un espaldarazo inocultable al Interapas, descalifica el documento que ya envió a la Comisión del Agua al considerar que no toma en cuenta el alza de la energía eléctrica.
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Es decir, que asigna a una dependencia ajena al tema del alza de la tarifa la responsabilidad de determinarla. El problema es que si el marco legal vigente, que tiene dos sexenios de atraso, no toma en cuenta el factor del costo de la energía eléctrica, ni la ASE ni ninguna otra dependencia podrían, sin caer en la ilegalidad, palomear un aumento que la alcaldía, el Interapas, y ahora la CEA, quieren.
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Esta administración estatal ha tenido más de tres años y medio para actualizar el decreto que norma los incrementos de las tarifas. No lo hacía, desde luego, porque hacerlo beneficiaría a las administraciones gallardistas. Ahora que no están, el giro es de 180 grados.
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Ya es inevitable. Este asunto ya se politizó.
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El diputado federal perredista Ricardo Gallardo Cardona consideró que hay simulación cuando los servidores públicos evaden el pago del Impuesto sobre la Renta para cargar el impuesto que debería ser personal, al erario.
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Que se lo diga al ayuntamiento que gobernó, el de Soledad de Graciano Sánches. Ahí, sus correligionarios perredistas defienden férreamente el injusto privilegio de que la ciudadanía cargue con sus obligaciones tributarias.
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¡HASTA MAÑANA!