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Resulta sorpresivo que para la organización World Justice Project, la corrupción y la impunidad sean consideradas amenazas más graves al estado de derecho en San Luis Potosí que el crimen y la inseguridad.
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Quizá hay que agradecerlo al episodio de “LA Ecuación Corrupta”, que ejemplifica esos dos vicios sociales.
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La corrupción la pusieron los diputados locales de la pasada legislatura, todos, y la antigua dirección de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
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Y la impunidad, las instituciones encargadas de investigar, perseguir y sancionar las conductas ilegales. Que no haya hasta, ahora, un solo detenido por estos casos es la prueba contundente de la existencia de esta ausencia de castigo.
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¿Por qué razón el estudio consideró más nocivas para el estado de derecho en San Luis a la impunidad y a la corrupción que la inseguridad y la delincuencia?
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Quizá porque de los delincuentes no se puede esperar mayor respeto por el estado de derecho. Son enemigos de éste y como tales actúan.
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Pero los actores de hechos de corrupción e impunidad, en la mayor parte de los casos, son funcionarios públicos, personas que, en teoría, están comprometidos con el cumplimiento de la ley.
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Por el contrario, se esperaría de un diputado y de los auditores un total respeto a las normas y no que formen una conspiración para desviar millones de pesos del erario.
En suma, en los casos de corrupción y la ausencia de castigo a estas conductas, el estado de derecho queda más lastimado porque, en esencia, son actos de traición a la confianza que se les da a los funcionarios.
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Hace unas semanas, en el Congreso se presentó un punto de acuerdo para llamar a cuentas al secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, para que explique el destino del impuesto al hospedaje, pues, según su fundamentación, existen dudas sobre el manejo y destino de los recursos.
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La misma exposición de motivos señala que el origen de la petición eran empresarios del ramo, preocupados por lo que consideran es la discrecionalidad en la administración de lo recaudado, además de que existe la impresión de que el dinero que proviene del turismo no regresa a esa actividad.
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Lo curioso, es que a la hora de indagar en el sector hotelero el origen de esta inquietud y de la decisión de pedir ayuda al Congreso, el silencio fue la única respuesta.
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Al parecer, los representantes del sector no están dispuestos a hablar públicamente del asunto, dejando que el trabajo sucio lo hagan los diputados.
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¡HASTA MAÑANA!
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Quizá hay que agradecerlo al episodio de “LA Ecuación Corrupta”, que ejemplifica esos dos vicios sociales.
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La corrupción la pusieron los diputados locales de la pasada legislatura, todos, y la antigua dirección de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
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Y la impunidad, las instituciones encargadas de investigar, perseguir y sancionar las conductas ilegales. Que no haya hasta, ahora, un solo detenido por estos casos es la prueba contundente de la existencia de esta ausencia de castigo.
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¿Por qué razón el estudio consideró más nocivas para el estado de derecho en San Luis a la impunidad y a la corrupción que la inseguridad y la delincuencia?
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Quizá porque de los delincuentes no se puede esperar mayor respeto por el estado de derecho. Son enemigos de éste y como tales actúan.
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Pero los actores de hechos de corrupción e impunidad, en la mayor parte de los casos, son funcionarios públicos, personas que, en teoría, están comprometidos con el cumplimiento de la ley.
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Por el contrario, se esperaría de un diputado y de los auditores un total respeto a las normas y no que formen una conspiración para desviar millones de pesos del erario.
En suma, en los casos de corrupción y la ausencia de castigo a estas conductas, el estado de derecho queda más lastimado porque, en esencia, son actos de traición a la confianza que se les da a los funcionarios.
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Hace unas semanas, en el Congreso se presentó un punto de acuerdo para llamar a cuentas al secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, para que explique el destino del impuesto al hospedaje, pues, según su fundamentación, existen dudas sobre el manejo y destino de los recursos.
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La misma exposición de motivos señala que el origen de la petición eran empresarios del ramo, preocupados por lo que consideran es la discrecionalidad en la administración de lo recaudado, además de que existe la impresión de que el dinero que proviene del turismo no regresa a esa actividad.
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Lo curioso, es que a la hora de indagar en el sector hotelero el origen de esta inquietud y de la decisión de pedir ayuda al Congreso, el silencio fue la única respuesta.
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Al parecer, los representantes del sector no están dispuestos a hablar públicamente del asunto, dejando que el trabajo sucio lo hagan los diputados.
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¡HASTA MAÑANA!
