“La Constitución no resolverá todos nuestros problemas, pero todos seremos protagonistas de nuestra historia”
Adolfo Suárez.
Ex Presidente del Gobierno Español
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha hecho longeva, el magno rector jurídico de la nación necesita permutar a una nueva realidad social, económica y política de un México que necesitará emigrar insoslayablemente a horizontes seguros para todos.
Son tiempos de reflexión desde la tribuna de las palabras trazadas en un compendio que dicta las normas mínimas de convivencia de un pueblo, que parecieran haber sido olvidadas por un cada vez más significativo segmento de los mexicanos. La Constitución necesita estar viva, necesitar respirar a través de los poros de todos aquellos que aún creemos que se puede ser vivir mejor como nación, como pueblo mestizo, a través de una operatividad lógica de una Constitución moderna acorde a nuestra realidad, de un México casi ya nada mágico.
Con una incidencia delictiva de más-menos 37 mil delitos por cada 100 mil habitantes. Donde trasladarse a bordo de un camión chimeco por Chalco es morir, transitar por una carretera y ser despojado de tus pertenencias, ir a cenar a una taquería y ser robado con violencia, ser estudiante universitaria viajando en un taxi y ser asesinada, bodeguero de la central de abastos que paga protección por extorsión, deambular en bicicleta y ser asesinado para despojarte de ella, el joven obrero que es asesinado para robarle su motocicleta que a la vez es su único medio de transporte, zonas impenetrables por la violencia en algunos Estados, feminicidios a la alza, desaparecidos (forzados) o no, como norma, la incorporación de nuevos delitos como el aborto, violencia familiar, de género, corrupción de menores, trata de personas, narcomenudeo y de pilón delitos electorales.
Lo anterior hace, que fatalmente volvamos la vista atrás para colocarnos en contexto desde el punto de vista de reformas constitucionales en materia de seguridad pública. Para juzgar lo anterior y ponerlo en perspectiva, tenemos que concebir que tuvieron que pasar setenta y siete años desde la Constitución de 1917 para que hubiera una reforma constitucional en materia de seguridad pública. No es hasta finales de 1994, que se empieza a conceptualizar como función del Estado la seguridad a sus gobernados. Se visualiza como un Sistema Nacional para efectos de coordinación, con una carrera policial con revaloración de sueldos y prestaciones acordes a la actividad en sí, con una sola forma de actuar policial, se proponía la profesionalización, de evaluación de desempeño, etc.
¿Qué paso? Que un año después, en 1995, se concreta una Ley general que establecía las bases de Coordinación para todos los niveles de gobierno, hacia una integración y funcionamiento del citado sistema. Cosa que en la actualidad no ha funcionado, salvo honrosas excepciones en algunos Estados y Municipios. La razón de las modificaciones constitucionales tenía que ver con concebir la coordinación y distribución de competencias entre una Federación medianamente desarrollada en la materia, con Estados y Municipios mínimamente perfeccionados.
Y todo lo anterior, debía darse bajo una directriz, un Consejo Nacional de Seguridad. Y no es hasta hace poco en el año 2009, que a raíz de las reformas constitucionales del 2008, surge una nueva Ley General, del Sistema Nacional.
Con inseguridad y con una convulsión social y política, los tiempos a fines de los años noventa en nuestro país eran complejos, por primera vez en la historia del partido hegemónico en el poder perdía la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Diez años habían pasado que se entendió la presencia de cárteles de la droga operando abiertamente, mismos, que libraban una batalla por el control del pacifico y su frontera norte, aunado al secuestro y muerte de un agente de la DEA en el Estado de Jalisco. Habían asesinado al candidato del PRI a la Presidencia de la Republica y a su Secretario General del partido, para rematar, un Cardenal de la Iglesia católica y Obispo de Guadalajara había sido asesinado.
¿Qué México se percibía hace veintitrés años? Según el Plan Nacional de Desarrollo 1995-200. Que por falta de políticas claras, sistemáticas y coherentes para la toma de decisiones en materia de seguridad pública, existía una enorme disparidad y desproporción en cuanto al número de policías por población o por necesidades de la localidad. Esto significaba que al carecerse de criterios racionales de planeación para decidir, proyectar, emplear y capacitar a los elementos de la seguridad pública municipal, existían 335 municipios que carecían de policías; 749 municipios contaban con una fuerza de seguridad pública entre 1 y 10 elementos; 77 municipios tenían entre 1,001 y 5,000 policías; y 10 municipios poseían una población policial entre 5,001 y 13,100 elementos. El resto contaba con una fuerza entre 11 y 1000 policías.
En resumen, 1990 municipios tenían de 0 a 100 policías (82.53 %) y 318 municipios (13.18 %) estaban en el rango de 101 a 1,000 elementos y en 87 municipios se concentraba el 68.7% de las policías preventivas del país. A nivel estatal, la más alta participación policial la tenía el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Solamente el D.F. tenía aproximadamente a 70,000 policías como fuerzas preventivas, de los cuales cerca de 25 mil pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública y el resto se ubicaba en las instituciones complementarias de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial.
Los policías preventivos locales se estimaban en aproximadamente 400,000 elementos; y las policías federales, con la Policía Federal de Caminos, Forestales y del Medio Ambiente, así como la Fiscal y Migratoria, se estimaban en alrededor de 7,000 agentes.
¿En lo concerniente a la delincuencia organizada? “Es tal vez la más preocupante expresión de esas conductas, puesto que involucra a grupos criminales que actúan con estructuras equipadas, ordenadas y disciplinadas, sometidas a reglas rígidas; sus operativos no son producto de impulsos sino de previsiones meditadas y calculadas que desafortunadamente han rendido fruto a las bandas organizadas”.
“Se estima que durante 1994 el narcotráfico que opera en México alcanzó ingresos de alrededor de 30,000 millones de dólares. Este dato permite visualizar la necesidad de que nuestro país al igual que otros afectados, instrumente políticas más eficaces contra el crimen organizado y sus modos de operación: narcotráfico, terrorismo, secuestros, tráfico de indocumentados y de armas, asaltos en vías de comunicación y robo organizado con violencia, principalmente”.
“Entre los conceptos criminales de mayor impacto social por su gravedad atentatoria y violencia están sin duda los secuestros, que el año pasado sumaron 548 conocidos -no todos denunciados- en el territorio nacional”.
Precisamente, ese era el México antes de las reformas constitucionales, que desafortunadamente poco o nada han servido para lograr instituciones fuertes y confiables en seguridad y justicia.
TAPANCO: En estos años, con todo y reformas constitucionales, tanto evoluciono la delincuencia mexicana, que ya exportamos delincuentes a Punta del Este en Uruguay a robar joyerías, aunque ha evolucionado la policía charrúa al capturarlos posteriormente.
Francisco.soni@uaslp.mx
Adolfo Suárez.
Ex Presidente del Gobierno Español
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha hecho longeva, el magno rector jurídico de la nación necesita permutar a una nueva realidad social, económica y política de un México que necesitará emigrar insoslayablemente a horizontes seguros para todos.
Son tiempos de reflexión desde la tribuna de las palabras trazadas en un compendio que dicta las normas mínimas de convivencia de un pueblo, que parecieran haber sido olvidadas por un cada vez más significativo segmento de los mexicanos. La Constitución necesita estar viva, necesitar respirar a través de los poros de todos aquellos que aún creemos que se puede ser vivir mejor como nación, como pueblo mestizo, a través de una operatividad lógica de una Constitución moderna acorde a nuestra realidad, de un México casi ya nada mágico.
Con una incidencia delictiva de más-menos 37 mil delitos por cada 100 mil habitantes. Donde trasladarse a bordo de un camión chimeco por Chalco es morir, transitar por una carretera y ser despojado de tus pertenencias, ir a cenar a una taquería y ser robado con violencia, ser estudiante universitaria viajando en un taxi y ser asesinada, bodeguero de la central de abastos que paga protección por extorsión, deambular en bicicleta y ser asesinado para despojarte de ella, el joven obrero que es asesinado para robarle su motocicleta que a la vez es su único medio de transporte, zonas impenetrables por la violencia en algunos Estados, feminicidios a la alza, desaparecidos (forzados) o no, como norma, la incorporación de nuevos delitos como el aborto, violencia familiar, de género, corrupción de menores, trata de personas, narcomenudeo y de pilón delitos electorales.
Lo anterior hace, que fatalmente volvamos la vista atrás para colocarnos en contexto desde el punto de vista de reformas constitucionales en materia de seguridad pública. Para juzgar lo anterior y ponerlo en perspectiva, tenemos que concebir que tuvieron que pasar setenta y siete años desde la Constitución de 1917 para que hubiera una reforma constitucional en materia de seguridad pública. No es hasta finales de 1994, que se empieza a conceptualizar como función del Estado la seguridad a sus gobernados. Se visualiza como un Sistema Nacional para efectos de coordinación, con una carrera policial con revaloración de sueldos y prestaciones acordes a la actividad en sí, con una sola forma de actuar policial, se proponía la profesionalización, de evaluación de desempeño, etc.
¿Qué paso? Que un año después, en 1995, se concreta una Ley general que establecía las bases de Coordinación para todos los niveles de gobierno, hacia una integración y funcionamiento del citado sistema. Cosa que en la actualidad no ha funcionado, salvo honrosas excepciones en algunos Estados y Municipios. La razón de las modificaciones constitucionales tenía que ver con concebir la coordinación y distribución de competencias entre una Federación medianamente desarrollada en la materia, con Estados y Municipios mínimamente perfeccionados.
Y todo lo anterior, debía darse bajo una directriz, un Consejo Nacional de Seguridad. Y no es hasta hace poco en el año 2009, que a raíz de las reformas constitucionales del 2008, surge una nueva Ley General, del Sistema Nacional.
Con inseguridad y con una convulsión social y política, los tiempos a fines de los años noventa en nuestro país eran complejos, por primera vez en la historia del partido hegemónico en el poder perdía la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Diez años habían pasado que se entendió la presencia de cárteles de la droga operando abiertamente, mismos, que libraban una batalla por el control del pacifico y su frontera norte, aunado al secuestro y muerte de un agente de la DEA en el Estado de Jalisco. Habían asesinado al candidato del PRI a la Presidencia de la Republica y a su Secretario General del partido, para rematar, un Cardenal de la Iglesia católica y Obispo de Guadalajara había sido asesinado.
¿Qué México se percibía hace veintitrés años? Según el Plan Nacional de Desarrollo 1995-200. Que por falta de políticas claras, sistemáticas y coherentes para la toma de decisiones en materia de seguridad pública, existía una enorme disparidad y desproporción en cuanto al número de policías por población o por necesidades de la localidad. Esto significaba que al carecerse de criterios racionales de planeación para decidir, proyectar, emplear y capacitar a los elementos de la seguridad pública municipal, existían 335 municipios que carecían de policías; 749 municipios contaban con una fuerza de seguridad pública entre 1 y 10 elementos; 77 municipios tenían entre 1,001 y 5,000 policías; y 10 municipios poseían una población policial entre 5,001 y 13,100 elementos. El resto contaba con una fuerza entre 11 y 1000 policías.
En resumen, 1990 municipios tenían de 0 a 100 policías (82.53 %) y 318 municipios (13.18 %) estaban en el rango de 101 a 1,000 elementos y en 87 municipios se concentraba el 68.7% de las policías preventivas del país. A nivel estatal, la más alta participación policial la tenía el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Solamente el D.F. tenía aproximadamente a 70,000 policías como fuerzas preventivas, de los cuales cerca de 25 mil pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública y el resto se ubicaba en las instituciones complementarias de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial.
Los policías preventivos locales se estimaban en aproximadamente 400,000 elementos; y las policías federales, con la Policía Federal de Caminos, Forestales y del Medio Ambiente, así como la Fiscal y Migratoria, se estimaban en alrededor de 7,000 agentes.
¿En lo concerniente a la delincuencia organizada? “Es tal vez la más preocupante expresión de esas conductas, puesto que involucra a grupos criminales que actúan con estructuras equipadas, ordenadas y disciplinadas, sometidas a reglas rígidas; sus operativos no son producto de impulsos sino de previsiones meditadas y calculadas que desafortunadamente han rendido fruto a las bandas organizadas”.
“Se estima que durante 1994 el narcotráfico que opera en México alcanzó ingresos de alrededor de 30,000 millones de dólares. Este dato permite visualizar la necesidad de que nuestro país al igual que otros afectados, instrumente políticas más eficaces contra el crimen organizado y sus modos de operación: narcotráfico, terrorismo, secuestros, tráfico de indocumentados y de armas, asaltos en vías de comunicación y robo organizado con violencia, principalmente”.
“Entre los conceptos criminales de mayor impacto social por su gravedad atentatoria y violencia están sin duda los secuestros, que el año pasado sumaron 548 conocidos -no todos denunciados- en el territorio nacional”.
Precisamente, ese era el México antes de las reformas constitucionales, que desafortunadamente poco o nada han servido para lograr instituciones fuertes y confiables en seguridad y justicia.
TAPANCO: En estos años, con todo y reformas constitucionales, tanto evoluciono la delincuencia mexicana, que ya exportamos delincuentes a Punta del Este en Uruguay a robar joyerías, aunque ha evolucionado la policía charrúa al capturarlos posteriormente.
Francisco.soni@uaslp.mx