logo pulso
PSL Logo

Puros comprimidos

Por Juan José Rodríguez / PULSO

Octubre 22, 2020 03:00 a.m.

.pdfobject-container { height: 30rem; border: 1.5rem solid rgba(0,0,0,.1); margin-bottom: 5px; }

Estos días las noticias con sus mensajes nos llegaron de fuera; de USA y de Coahuila e Hidalgo. Con la detención del ex secretario de la Defensa, los vecinos del norte nos dicen que de aquel lado de la frontera no hay mexicanos intocables, y con su hermetismo respecto de nuestras autoridades, en los hechos manifiestan que ante sus prioridades no hay amistades que valgan. También, a manera de aviso implícito: quienes hayan tenido que ver con la liberación de Ovidio Guzmán López, ya no podrán ir muy tranquilos “al otro lado”. Lo habían detenido a petición gringa para fines de extradición. 

Los favorables resultados electorales alcanzados el pasado domingo por el PRI son buenos comparados con el 2018, pero mejores todavía en comparación con el 2019. En efecto, el año pasado hubo elecciones locales en seis estados (dos gubernaturas, congresos y ayuntamientos en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas). En ninguna ganó el tricolor. Por número de votos quedó en segundo lugar en Durango; en tercero en Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas,  y se fue al quinto lugar y cerca estuvo de perder su registro local en BC. Un mensaje confirmatorio: en política no hay invencibles.

Con todo, esos saldos electorales, aquí en San Luis hay que tomarlos con mucha precaución. Para empezar, porque Coahuila e Hidalgo son dos de los cinco estados donde siempre ha gobernado el PRI (los otros son Campeche, Colima y Edomex) y sus gobernadores son muy priistas en los dichos y en los hechos. Dato a tener en cuenta: el mandatario hidalguense se ha esforzado en mantener una buena relación con el presidente López Obrador en tanto que el coahuilense forma parte de la llamada Alianza Federalista que agrupa a diez gobernadores pluripartidistas que abiertamente se oponen a AMLO. Y le fue mejor a éste ultimo. Mensaje relevante: el papel que juegan los gobernadores en el desempeño de sus respectivos partidos es fundamental.

No estoy seguro de que los resultados que comentamos alteren de manera sustancial la actual correlación de fuerzas partidistas en estas tierras, pero donde su fuerte impacto es fácilmente perceptible es en el estado de ánimo de los priistas. Y eso tiene su valor. Sobre todo si se mantiene y se traduce en que un mayor número de militantes y simpatizantes acudan a las urnas el día de las elecciones. Más importante quizá sea entender que por muy reanimado que este el priismo potosino eso no es un cheque en blanco para que el partido haga tonterías a la hora de definir candidaturas.

La noche del martes anoté entre los temas a abordar en esta columna que nadie se extrañará si a consecuencia de las elecciones del domingo el gobierno de la 4T intensificaba sus acciones penales contra presuntos corruptos del pasado. Ayer temprano de lo primero que leí, en El Universal, fue la filtración de que la Unidad de Inteligencia Financiera ya consignó ante la Fiscalía General de la República a varios colaboradores cercanos y notarios amigos del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, el actual senador Miguel Ángel Mancera, que lleva meses tratando de pasar desapercibido. No lo sé a ciencia cierta, pero me imagino que es una primera medida precautoria para no recibir sorpresas desagradables en las elecciones del año próximo en la capital del país.

Por cierto, durante su reciente visita el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, antes de ir a la rueda de prensa se sentó a platicar “en corto” con el gobernador Juan Manuel Carreras y varios de sus funcionarios. Les comentó que respecto de San Luis Potosí, a esa fecha la dependencia a su cargo estaba procesando diez investigaciones por diversos delitos, principalmente Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tres de las cuales involucraban a dos personas físicas (Ricardo Gallardo Cardona y José Luis "Tekmol" Romero Calzada) y las siete restantes a otras tantas personas morales. Reveló los nombres de éstas para recibir información y opiniones. Lo primero que le dijeron es que varias de esas empresas son propiedad de los Gallardo. Luego escuchó detalladas narraciones sobre “ese grupo político emergente que ha acumulado pésimos antecedentes, incluso penales”. Nieto Castillo escuchó y no se mostró sorprendido.

Luego de conocer los detalles y las razones del posicionamiento del senador panista con licencia Marco Gama Basarte respecto del proceso interno de su partido para elegir candidato a gobernador, creo que no solo tiene sentido sino que también cuenta con sustento legal. El sábado 3 de este mes, el Consejo Estatal del PAN decidió que el método para encontrar su candidato será el de elección interna entre sus 7 mil 600 militantes activos. Formalmente el proceso no ha iniciado porque la ley no lo permite. El plazo legal para que todos los partidos resuelvan sus postulaciones comienza el 10 de noviembre y concluye el 8 de enero. El arranque en cada partido se producirá cuando se emita la convocatoria respectiva. Los siete aspirantes o precandidatos identificados en el PAN (Azuara, Gama, Hervert, Boris Lozano, Sonia, Nava y Octavio) tienen un estatus informal.

Una vez decidido el método, la dirigencia estatal convocó a los siete (tres de los cuales son inventos suyos para hacer trapacerías) y propuso realizar encuestas para que a la elección interna solo fueran dos o tres. En principio se convino que quedaran en tres los participantes finales. Firmarían ese acuerdo a la siguiente semana (jueves 15), a lo que Gama se negó porque en su opinión había que discutirlo más y ya le presentaban un documento redactado por la dirigencia para que lo firmara. No lo firmó él y, hasta donde sabemos, ninguno de los otros seis, aunque verbalmente expresaron su anuencia.

Según nuestra información, lo que Gama argumenta es que si se realizan las encuestas y se concreta la reducción de la lista antes de que aparezca la convocatoria correspondiente sería tiempo perdido y dinero mal gastado. ¿Por qué? Porque en el momento que se expida la convocatoria, en noviembre, nada impide que otros dos o cuatro o diez o veinte aspirantes acudan a registrarse. La normatividad interna del PAN lo permite, pero además, y sobre todo, es un derecho garantizado a nivel constitucional por muy intrapartidista que sea. Es decir, si se reduce el elenco ahora pero una vez aparecida la convocatoria dentro de un mes acuden 200 interesados a registrarse, a todos los que cumplan los requisitos legales y estatutarios no hay manera de cerrarles la puerta si no es violando sus derechos. Los que acudan al tribunal electoral acreditando que satisfacen las exigencias, ganan el pleito en dos minutos.

Si entendimos bien el asunto, lo que Gama Basarte propone es llegar al 10 de noviembre, expedir la convocatoria (que es lo que marca el inicio formal del proceso) y, cerrado el plazo de registro, ver cuántos precandidatos cumplieron los requisitos y quedaron inscritos para entonces sí sentarlos a la mesa y plantear lo de las encuestas depuradoras. Pero nada de esto se puede hacer a fuerzas. Además, los estatutos y reglamentos panistas permiten que cualquier ciudadano que se diga simpatizante de Acción Nacional pueda anotarse para participar en sus procesos internos de selección de candidatos, aunque no sea militante inscrito en el padrón. Es justamente el caso de Xavier Nava, quien a la fecha no esta anotado en la lista de militantes y es considerado aspirante legítimo. Si estoy equivocado no faltará quien me lo haga notar, pero por ahora creo que Marco Gama está en lo correcto.

 Llegó a mis manos la lista de los 23 trabajos de investigación que llevan a cabo los beneficiarios del Programa de Becas “Rafael Montejano y Aguiñaga” creado y promovido por el fideicomiso del Centro Histórico que coordina Horacio Sánchez Unzueta, y desde los puros títulos resultan llamativos. Me gustaría reproducirlos todos, pero consumirían un espacio del que por hoy no dispongo. Hago una corta selección bajo mi estricta responsabilidad: “Inquisición, prácticas mágicas y superstición en San Luis Potosí, siglos XVII y XVIII”; “Transformaciones y reconfiguración del Centro Histórico de San Luis Potosí” (desde la fundación de la ciudad); “Los eslabones de la libertad. Los laberintos de la manumisión de esclavos en el San Luis Potosí de la época virreinal”; “Del desierto a nuestra casa. Los mercados del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí como punto de encuentro…”, y “En Tierra de Santos: identidad y permanencia” (sobre los significados de la muerte y los ritos mortuorios en la época virreinal). La rápida conclusión personal a la que llego es que hay muchas cosas que como potosinos deberíamos saber pero no sabemos. Se nos abre ahora la posibilidad de saberlas.

Como ya se ha informado, estos becarios reciben 10 mil pesos cada uno durante doce meses. En diciembre próximo deben tener concluidos y entregados sus trabajos. El costo (2 millones 760 mil pesos) se lo reparten el Gobierno del Estado, dos bancos privados y una casa de bolsa. Dados los tiempos difíciles y las penurias económicas que atravesamos, me vinieron a la mente dos breves historias. Cuando Gran Bretaña enfrentaba sola la temible máquina de guerra de la Alemania nazi, en una sesión del parlamento le hicieron notar al primer ministro Winston Churchill que el Gobierno de su Majestad seguía gastando cantidades importantes del presupuesto en mantener la vida cultural y la educación artística de los británicos, lo cual parecía poco pertinente dados los duros tiempos que corrían. “Entonces que alguien me explique por qué estamos luchando”, fue la respuesta que puso punto final a la discusión. La otra: Aún en los momentos de mayor esfuerzo económico de Francia para sostener sus guerras, Napoleón no tocó un franco del presupuesto destinado a la educación y la cultura de su país.

Nos llega información en el sentido que al diputado local panista que se encuentra sujeto a proceso en un juzgado del Estado de México por los delitos de daño en los bienes y fraude genérico, el juez de la causa le fijó una medida cautelar (algo así como una fianza) por 8 millones de pesos para que pueda continuar en libertad mientras llega su juicio. Le dieron un plazo que está próximo a fenecer para cumplir el mandato. No tiene que ser en efectivo, y parece que está proponiendo un inmueble propiedad de un familiar. A ver si no le dan un susto cualquiera de estos días.

Hasta el próximo jueves.