Cada Presidente de la República, en búsqueda de cumplir con sus promesas de campaña, reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una decisión de gobierno que parece muy técnica, pero en realidad no lo es, ya que en ella se manifiesta la estructura administrativa de donde emanarán las políticas públicas de los próximos seis años, por lo que es muy importante analizar las responsabilidades y poder de decisión que tendrán las unidades administrativas del gobierno federal.
Las reformas administrativas para el próximo sexenio fueron aprobadas el pasado 19 de octubre por el Poder Legislativo, las cuales fueron presentadas en cuatro áreas prioritarias de política pública: 1) gobernabilidad democrática y seguridad publica, 2) política de bienestar, 3) eficiencia, transparencia y combate a la corrupción, 4) impulsar el crecimiento económico y la equidad social; con las modificaciones se genera toda una reconfiguración del proceso de toma de decisiones de política pública.
De las diversas modificaciones destacan: primero, se debilita a la Secretaria de Gobernación, ya que se le quitan las funciones de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, las cuales pasan a la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual se le dotará de autonomía de decisión para el diseño de políticas públicas, y con ello tener atribuciones para hacer frente a uno de los principales problemas que le preocupa a los mexicanos: la inseguridad.
Segundo, se fortalece la Secretaria de Hacienda, ya que desaparecen las Oficialías Mayores de cada una de las dependencias de la administración pública federal, serán sustituidas por Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serán nombrados por el Secretario de Hacienda; quedan exentas de ésta medida la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina; como una medida para combatir la corrupción, la Secretaría de Hacienda concentrará todas las compras y adquisiciones del gobierno federal.
Tercero, se crean las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, quienes serán las responsables de coordinar las acciones de política pública entre el gobierno federal, estatal y municipal; sustituirán a las delegaciones de las secretarias en los estados, incluso se deja abierta la posibilidad que aquellas que no son útiles serán desaparecidas; los titulares de las delegaciones serán los interlocutores de política pública entre el gobierno federal y los actores locales involucrados en lo que se denominará política de bienestar social.
Cuarto, se modifica el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social por el de Secretaría de Bienestar, quien será responsable de diseñar, coordinar y evaluar la política integral de bienestar social; por lo que se convertirá en la responsable de las acciones de política pública que contribuyan a incrementar el desarrollo humano de los mexicanos, siendo esta secretaría y las delegaciones de programas sociales, los actores centrales de cumplir con las promesas electorales del presidente electo.
Quinto, se amplían las atribuciones de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual sustituye a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la cual se le otorgan atribuciones para apoyar la seguridad alimentaria de los mexicanos, para ello Diconsa y Liconsa pasan a formar parte de ésta Secretaria. Con estas medidas se busca fortalecer las acciones de política en materia de seguridad alimentaria y sacar a México del rezago social en el que se encuentra.
Sexto, una propuesta de política pública transversal a toda la administración pública federal es la compactación de los niveles funcionales de cada una de las secretarías y organismos descentralizados; así como la disminución de plazas de mandos medios y superiores, previa evaluación de su desempeño y contribución a los objetivos sustantivos de cada dependencia gubernamental, con ello se buscan contar con una estructura administrativa más eficiente, eficaz y disminuir el gasto administrativo.
Con estas seis medidas, y otras más que plantea el decreto de reforma, se ponen como prioridades de política pública: seguridad publica, bienestar social, combate a la corrupción y crecimiento económico; un aspecto que llama la atención, es que en la exposición de motivos predominan los argumentos cualitativos, poniendo en el centro de la justificación, situaciones sociales que para México y San Luis Potosí se encuentran entre las que son consideradas como principales problemas públicos (véase gráfica).
Otro efecto de ésta nueva estructura de la administración pública, es la creación de un nuevo triángulo de poder político para el proceso de hechura de las políticas públicas; este triángulo está integrado por la Secretaría de Hacienda, siendo la super Secretaría, en donde se concentrarán todas las decisiones del presupuesto público; la Secretaría de Bienestar, que será la interlocutora con los mexicanos en situación de pobreza; las Delegaciones de Programas Sociales, quienes serán las interlocutores con los actores políticos, utilizando como mediadora a la Oficina de la Presidencia de la República.
Con estas medidas de reforma de la administración pública federal se están creando las condiciones institucionales de gobernabilidad de los próximos años, en las cuales se consideran eficiencia administrativa, bienestar social y combate a la corrupción; en donde el gran reto en el diseño de las políticas publicas es poner en el centro de la atención gubernamental, las causas que generan estos problemas públicos, por que hacerlo a partir de sus consecuencias, seguramente en seis años estaremos hablando de un gobierno ineficaz.
En resumen, todo gobierno modifica la estructura de su administración pública, con la finalidad de contar con un instrumento eficaz que contribuya a la realización de su proyecto político; el gobierno que inicia el primero de diciembre lo ha hecho, se busca contar con una administración pública eficiente, que permita la toma de decisiones políticas eficaces; la tarea de gobernar es compleja y conflictiva, esperemos que las medidas tomadas den resultados en el corto y mediano plazo y tengamos políticas públicas de calidad.
José Santos Zavala (@jszslp)
Las reformas administrativas para el próximo sexenio fueron aprobadas el pasado 19 de octubre por el Poder Legislativo, las cuales fueron presentadas en cuatro áreas prioritarias de política pública: 1) gobernabilidad democrática y seguridad publica, 2) política de bienestar, 3) eficiencia, transparencia y combate a la corrupción, 4) impulsar el crecimiento económico y la equidad social; con las modificaciones se genera toda una reconfiguración del proceso de toma de decisiones de política pública.
De las diversas modificaciones destacan: primero, se debilita a la Secretaria de Gobernación, ya que se le quitan las funciones de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, las cuales pasan a la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual se le dotará de autonomía de decisión para el diseño de políticas públicas, y con ello tener atribuciones para hacer frente a uno de los principales problemas que le preocupa a los mexicanos: la inseguridad.
Segundo, se fortalece la Secretaria de Hacienda, ya que desaparecen las Oficialías Mayores de cada una de las dependencias de la administración pública federal, serán sustituidas por Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serán nombrados por el Secretario de Hacienda; quedan exentas de ésta medida la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina; como una medida para combatir la corrupción, la Secretaría de Hacienda concentrará todas las compras y adquisiciones del gobierno federal.
Tercero, se crean las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, quienes serán las responsables de coordinar las acciones de política pública entre el gobierno federal, estatal y municipal; sustituirán a las delegaciones de las secretarias en los estados, incluso se deja abierta la posibilidad que aquellas que no son útiles serán desaparecidas; los titulares de las delegaciones serán los interlocutores de política pública entre el gobierno federal y los actores locales involucrados en lo que se denominará política de bienestar social.
Cuarto, se modifica el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social por el de Secretaría de Bienestar, quien será responsable de diseñar, coordinar y evaluar la política integral de bienestar social; por lo que se convertirá en la responsable de las acciones de política pública que contribuyan a incrementar el desarrollo humano de los mexicanos, siendo esta secretaría y las delegaciones de programas sociales, los actores centrales de cumplir con las promesas electorales del presidente electo.
Quinto, se amplían las atribuciones de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual sustituye a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la cual se le otorgan atribuciones para apoyar la seguridad alimentaria de los mexicanos, para ello Diconsa y Liconsa pasan a formar parte de ésta Secretaria. Con estas medidas se busca fortalecer las acciones de política en materia de seguridad alimentaria y sacar a México del rezago social en el que se encuentra.
Sexto, una propuesta de política pública transversal a toda la administración pública federal es la compactación de los niveles funcionales de cada una de las secretarías y organismos descentralizados; así como la disminución de plazas de mandos medios y superiores, previa evaluación de su desempeño y contribución a los objetivos sustantivos de cada dependencia gubernamental, con ello se buscan contar con una estructura administrativa más eficiente, eficaz y disminuir el gasto administrativo.
Con estas seis medidas, y otras más que plantea el decreto de reforma, se ponen como prioridades de política pública: seguridad publica, bienestar social, combate a la corrupción y crecimiento económico; un aspecto que llama la atención, es que en la exposición de motivos predominan los argumentos cualitativos, poniendo en el centro de la justificación, situaciones sociales que para México y San Luis Potosí se encuentran entre las que son consideradas como principales problemas públicos (véase gráfica).
Otro efecto de ésta nueva estructura de la administración pública, es la creación de un nuevo triángulo de poder político para el proceso de hechura de las políticas públicas; este triángulo está integrado por la Secretaría de Hacienda, siendo la super Secretaría, en donde se concentrarán todas las decisiones del presupuesto público; la Secretaría de Bienestar, que será la interlocutora con los mexicanos en situación de pobreza; las Delegaciones de Programas Sociales, quienes serán las interlocutores con los actores políticos, utilizando como mediadora a la Oficina de la Presidencia de la República.
Con estas medidas de reforma de la administración pública federal se están creando las condiciones institucionales de gobernabilidad de los próximos años, en las cuales se consideran eficiencia administrativa, bienestar social y combate a la corrupción; en donde el gran reto en el diseño de las políticas publicas es poner en el centro de la atención gubernamental, las causas que generan estos problemas públicos, por que hacerlo a partir de sus consecuencias, seguramente en seis años estaremos hablando de un gobierno ineficaz.
En resumen, todo gobierno modifica la estructura de su administración pública, con la finalidad de contar con un instrumento eficaz que contribuya a la realización de su proyecto político; el gobierno que inicia el primero de diciembre lo ha hecho, se busca contar con una administración pública eficiente, que permita la toma de decisiones políticas eficaces; la tarea de gobernar es compleja y conflictiva, esperemos que las medidas tomadas den resultados en el corto y mediano plazo y tengamos políticas públicas de calidad.
José Santos Zavala (@jszslp)