Demoras y “coyotaje” en el Registro Civil (video)

La lentitud de la tramitología en las oficinas del Registro Civil en esta capital está propiciando, además de incomodidades y problemas a los usuarios, prácticas de corrupción, pues negocios externos a la oficina ofrecen realizar el trámite por tarifas elevadas, lo que implica la posibilidad de que tengan acceso a información que sólo la autoridad debería manejar. 

En entrevistas con usuarios que se enfrentan a las dificultades para tramitar actas de nacimiento, defunción, la CURP o algún otro documento oficial, se revela que en las cercanías de la sede de la Dirección del Registro Civil, ubicada en la calle de Bolívar 965 de esta capital, hay negocios que cobran hasta dos mil pesos a usuarios foráneos que necesitan tramitar algún documento. 

Los entrevistados identificaron al menos dos establecimientos, un negocio sin nombre ni razón social visible y una oficina inmobiliaria, se ofrece hacer en minutos un trámite que en condiciones normales, lleva horas o días.

Los usuarios foráneos, a los que más apremia realizar el trámite en el menor tiempo posible, son el blanco de estos negocios. Una potosina avecindada en Tampico, otra de la Ciudad de México y un hombre que viene desde Sonora, señalaron que los negocios en los que les ofrecieron realizar el trámite a cambio de dos mil pesos.   

 “Ellos mismos otorgan el acta de nacimiento al instante, pero únicamente a la gente de fuera”, dijo una de las entrevistadas.

Los negocios se llevan de forma discreta. Incluso los letreros en los que se ofrece el servicio son retirados en cuanto cierran los establecimientos comerciales.

Las personas que deben hacer un trámite en el Registro Civil incurren en estas situaciones debido al lento servicio que ofrece la dependencia. Hay casos en los que las personas deben formarse desde la madrugada para ser atendidas a media tarde, y en muchos casos, sin suerte.

Por eso optan por conseguir sus documentos pagando cuotas en negocios que, además de lucrar con un servicio público, también podrían tener acceso a información personal en manos de la autoridad e incurrir en “coyotaje”.