La peor herencia ¿Siete años más?
Ante el muy notorio incremento de los pasivos del gobierno estatal, sobre todo los de corto plazo, la administración adoptó una “vacuna” para justificarla: se ejerció por adelantado recursos para concretar obras y acciones, para asegurar los recursos.
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Desde el cierre del año fiscal 2023 se esgrimió ese argumento, de acuerdo al documento de la cuenta pública del año pasado. Podrá definirse como en la Secretaría de Finanzas prefiera, pero en esencia, es dinero que se tiene que saldar.
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El problema es que la carga se hizo más pesada, mucho más, en estos tres primeros meses de 2024, en un escenario que pone bajo cuestionamientos el manejo financiero en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
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Desde la recta final del año pasado, en diversas dependencias se han presentado retrasos en las ministraciones ordinarias. En Pensiones, el incremento de la deuda ya se volvió una costumbre. Y los parones en diversas obras públicas se explican no como errores atribuibles a los constructores, sino a la falta de pago por parte de la autoridad.
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Así, la deuda de corto plazo se ha duplicado en un año, y ya sumado al total la deuda bancaria, ha crecido 60 por ciento en ese lapso.
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En la cuenta pública del primer trimestre, la Sefin dice que su administración se hará con “diligencia y transparencia, asegurando su adecuada gestión”.
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Ante el mayor endeudamiento de la historia de las finanzas estatales, es obligado que se haga lo anterior, pero que además, se explique de dónde saldrá el dinero para saldar los pasivos y si se evitará que sea una herencia nociva para el futuro.
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La sorpresiva renuncia del fiscal general José Luis Ruiz por los tradicionales “motivos personales” choca con la expresión de su deseo de formar parte de la terna que el gobernador Ricardo Gallardo debe presentar al Congreso para elegir, precisamente, al sucesor del fiscal saliente.
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¿Para qué dejar el cargo que, según dijo, no puede negar que le agradaría seguir?
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Alargar, por medio de una “medida creativa” su permanencia en el cargo podría ser un buen motivo.
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No hay que olvidar que José Luis Ruiz entró de relevo en la Fiscalía, en lugar de Federico Garza, quien renunció al inicio de este gobierno. Al nuevo fiscal le tocaba ocupar un cargo que tenía caducidad: el 26 de octubre de este año, que era el límite del periodo que debía cubrir el actual funcionario universitario. El artículo 122 Bis de la Constitución estatal establece la no reelección al cargo, pero no especifica si esa prohibición sería aplicable a alguien que ocupaba ese cargo y renunció meses antes. Indudablemente, aplicaría para quien fuera fiscal hasta el 25 de octubre.
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Quedar libre ahora le posibilitaría, al menos en teoría, participar en la terna para la FGE, pero no la que se debe presentar para sustituirlo en lo inmediato, sino para el periodo de siete años que iniciaría este otoño.
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Y ahí sí, estaría en el cargo hasta 2031. Le conviene a él, y al gobernador, que tendría un fiscal amigable hasta ya pasado su gobierno.
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Otros ven el movimiento como una carambola que pegaría en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Hechos como el segundo motín en menos de dos meses en La Pila ameritarían pensar que hay fisuras en la seguridad pública y que sería necesario en un relevo ahí, pensando en alguien de confianza.
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¡HASTA MAÑANA!
