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Si hubo libertad a un presunto delincuente aunque “moralmente” es culpable, podría valorarse la posibilidad de que el afectado pueda demandar al juez que dejó en libertad al imputado, planteó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.
El portavoz arquidiocesano recalcó que el clero no busca que tal o cual persona pague de cierta manera el delito cometido, sino que haya justicia para las víctimas de hecho delincuencial.
Priego Rivera criticó que las comisiones de derechos humanos pueden proteger a un asaltante o un secuestrador y así darle su libertad, sin embargo, el imputado saldrá a delinquir de nueva cuenta.
“El estado mexicano tiene una deuda con muchas personas que han sido víctimas de algún delito. Yo planteo la posibilidad de que si hubo libertad sabiendo que moralmente era culpable yo pueda demandar a quien lo liberó. ¿Por qué lo liberas?”, declaró.
En entrevista aparte, el analista jurídico Jorge Chessal Palau, señaló que el problema de las detenciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se encuentra en revisar las medidas cautelares, tanto a favor como en contra; además de que es necesario la homologación de criterios de los jueces.
Dijo que el verificar los criterios permitiría que si no hay pruebas objetivas hacia alguien puede obtener su libertad, y en caso contrario, que el imputado esté detenido si hay evidencias fehacientes.
En días pasados, el Gabinete de Seguridad de Gobierno del Estado organizó una rueda de prensa para notificar la detención de 22 presuntos delincuentes, entre ellos una banda del crimen organizado conformada por cinco hombres y una mujer, a quienes se les encontró armas de grueso calibre y droga.
Pese a este anuncio gubernamental, días después un juez de control concedió la libertad a los cinco supuestos implicados bajo el argumento de que los cuerpos policiales no cumplieron con la presentación de orden judicial para hacer el cateo del lugar donde los detuvieron.
El portavoz arquidiocesano recalcó que el clero no busca que tal o cual persona pague de cierta manera el delito cometido, sino que haya justicia para las víctimas de hecho delincuencial.
Priego Rivera criticó que las comisiones de derechos humanos pueden proteger a un asaltante o un secuestrador y así darle su libertad, sin embargo, el imputado saldrá a delinquir de nueva cuenta.
“El estado mexicano tiene una deuda con muchas personas que han sido víctimas de algún delito. Yo planteo la posibilidad de que si hubo libertad sabiendo que moralmente era culpable yo pueda demandar a quien lo liberó. ¿Por qué lo liberas?”, declaró.
En entrevista aparte, el analista jurídico Jorge Chessal Palau, señaló que el problema de las detenciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se encuentra en revisar las medidas cautelares, tanto a favor como en contra; además de que es necesario la homologación de criterios de los jueces.
Dijo que el verificar los criterios permitiría que si no hay pruebas objetivas hacia alguien puede obtener su libertad, y en caso contrario, que el imputado esté detenido si hay evidencias fehacientes.
En días pasados, el Gabinete de Seguridad de Gobierno del Estado organizó una rueda de prensa para notificar la detención de 22 presuntos delincuentes, entre ellos una banda del crimen organizado conformada por cinco hombres y una mujer, a quienes se les encontró armas de grueso calibre y droga.
Pese a este anuncio gubernamental, días después un juez de control concedió la libertad a los cinco supuestos implicados bajo el argumento de que los cuerpos policiales no cumplieron con la presentación de orden judicial para hacer el cateo del lugar donde los detuvieron.
