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Por la pérdida del expediente original de la desaparición de un autobús de la línea Pirasol con 29 pasajeros en 2010, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación General No. 01/2018 a la Fiscalía General del Estado (FGE).
El 15 de marzo de 2010, un autobús de la línea "Pirasol" con 40 jornaleros partió del municipio de Xilitla con dirección al municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, sin embargo, nunca llegó a su destino y todavía en la actualidad se desconoce la ubicación de las personas, según versiones de las familias.
En entrevista posterior a una rueda de prensa con familiares de personas desaparecidas del norte del país, Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la CEDH, rememoró que tras la denuncia de los familiares de los desaparecidos, tiempo después fue encontrada la unidad motora pero sin ningún rastro de los tripulantes.
Explicó que si bien la investigación es averiguada por la Procuraduría General de la República (PGR), el caso también es indagado por la FGE de San Luis Potosí.
El ombudsman local puntualizó que este caso es una investigación que todavía sigue su curso por parte de la FGE –antes Procuraduría General de Justicia del Estado-, y en donde hay conocimiento de dependencias federales.
"Lo que nosotros señalamos en esta recomendación, es que debe existir una investigación exhaustiva de lo que todavía existe, y de cada uno de los datos que se encuentren en esta investigación que también sean aportados a la Procuraduría General de la República para que sigan la investigación", expuso.
López Espinosa comunicó que los familiares de los ciudadanos sin ubicación solicitan la reparación del daño, pues muchos de ellos eran jefes de familia y sus esposas e hijos quedaron desamparados.
Sobre los puntos recomendatorios, detalló que se solicita a Federico Arturo Garza Herrera, titular de la FGE que en la página web haya un espacio donde se informen los avances de la indagatoria y versiones públicas de las averiguación previa como de la carpeta de investigación; iniciar una carpeta de investigación en contra de los funcionarios responsables; e iniciar un procedimiento administrativo hacia dicho personal gubernamental.
Además, añadir a las víctimas indirectas en las mesas informativas con las autoridades, a fin de que puedan aportar datos.
El 15 de marzo de 2010, un autobús de la línea "Pirasol" con 40 jornaleros partió del municipio de Xilitla con dirección al municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, sin embargo, nunca llegó a su destino y todavía en la actualidad se desconoce la ubicación de las personas, según versiones de las familias.
En entrevista posterior a una rueda de prensa con familiares de personas desaparecidas del norte del país, Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la CEDH, rememoró que tras la denuncia de los familiares de los desaparecidos, tiempo después fue encontrada la unidad motora pero sin ningún rastro de los tripulantes.
Explicó que si bien la investigación es averiguada por la Procuraduría General de la República (PGR), el caso también es indagado por la FGE de San Luis Potosí.
El ombudsman local puntualizó que este caso es una investigación que todavía sigue su curso por parte de la FGE –antes Procuraduría General de Justicia del Estado-, y en donde hay conocimiento de dependencias federales.
"Lo que nosotros señalamos en esta recomendación, es que debe existir una investigación exhaustiva de lo que todavía existe, y de cada uno de los datos que se encuentren en esta investigación que también sean aportados a la Procuraduría General de la República para que sigan la investigación", expuso.
López Espinosa comunicó que los familiares de los ciudadanos sin ubicación solicitan la reparación del daño, pues muchos de ellos eran jefes de familia y sus esposas e hijos quedaron desamparados.
Sobre los puntos recomendatorios, detalló que se solicita a Federico Arturo Garza Herrera, titular de la FGE que en la página web haya un espacio donde se informen los avances de la indagatoria y versiones públicas de las averiguación previa como de la carpeta de investigación; iniciar una carpeta de investigación en contra de los funcionarios responsables; e iniciar un procedimiento administrativo hacia dicho personal gubernamental.
Además, añadir a las víctimas indirectas en las mesas informativas con las autoridades, a fin de que puedan aportar datos.
