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Miguel R. Valladares García

miércoles 19 diciembre 2018

AI cuestiona a Ottawa por esterilización forzada de mujeres aborígenes

Notimex
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La esterilización forzada de mujeres aborígenes no solo es una parte vergonzosa de la historia de Canadá, sino que todavía se lleva a cabo en Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario y los Territorios, según un nuevo estudio.

Amnistía Internacional Canadá pidió al gobierno federal que nombre a un representante especial para escuchar a las mujeres aborígenes que son empujadas a la esterilización por el personal médico.

La organización también quiere crear conciencia en el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los casos en que las mujeres se han visto obligadas a someterse a la ligadura de trompas en Canadá.

Jacqueline Hansen, activista de Amnistía para los derechos de las mujeres, dice que las autoridades federales, provinciales y médicas deben rendir cuentas de esta práctica “deplorable”, en momentos en que Canadá habla de reconciliación con los pueblos aborígenes, destacó Radio Canadá Internacional (RCI).

En tanto, Yvonne Boyer, abogada indígena y exenfermera, ahora senadora de Ontario, señaló que la ligadura de trompas sin el consentimiento de una paciente es una de las prácticas más atroces en la atención médica en Canadá.

La senadora pide a la Cámara Alta que examine el alcance del tema a nivel nacional. Según ella, las mujeres aborígenes de diferentes partes del país confesaron haber sufrido tal trauma.

En 2017 Boyer fue contactada por Liz, una adolescente que le pidió no revelar su apellido, la cual había leído un artículo que detallaba la investigación de Yvonne Boyer con la investigadora y doctora de Métis, Judith Bartlett.

El artículo explicaba cómo las mujeres aborígenes se vieron obligadas a la ligadura de trompas después de dar a luz en la ciudad de Saskatoon. Durante esta operación, los extremos de las trompas se cortan, se sellan o se queman para evitar el paso de los óvulos al útero y, por lo tanto, evitar la fertilización.

A la edad de 17 años, Liz fue obligada por un trabajador de bienestar infantil a someterse a un aborto y esterilización en un hospital en el noroeste de Ontario, dice. Una experiencia que aún la persigue después de 40 años.

Ella argumentó que el trabajador de salud le dijo que incluso si ella se negaba a abortar, “de todos modos, se llevarían a su hijo”.

El Comité contra la Tortura de la ONU, compuesto por 10 expertos independientes, está examinando durante un mes en Ginebra los informes de los Estados signatarios de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en vigor desde 1987. El séptimo informe periódico de Canadá será analizado por el Comité el miércoles.

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