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Foto: Archivo
El dirigente del Comité de Víctimas 19 de Junio (Covic), Santiago Ambrosio Hernández, aseguró que la "justicia es dilatoria" a dos años del desalojo en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, que dejó como saldo ocho personas muertas y cerca de 200 heridos.
Este lunes, al iniciar la segunda jornada por la justicia, acusó que el gobierno pretende dar "carpetazo" al caso con el pago de la reparación económica a las víctimas y denunció que han pretendido darle un "tinte que no es" a la recomendación emitida por la CNDH.
Ambrosio Hernández rechazó la recomendación emitida por la CNDH respecto a los hechos violentos ocurridos el 19 de junio de 2016, por considerarla "viciada" y un intento de deslindar de cualquier responsabilidad al gobierno federal.
El dirigente de la Covic aseveró que lo que reclaman es justicia, el restablecimiento del tejido social y hasta el último la reparación del daño. Sobre todo, porque está acreditada la responsabilidad del ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Federal.
El 19 de junio de 2016, en el marco del conflicto magisterial, policías federales y estatales intentaron retirar el bloqueo a la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan, en la región Mixteca, que habían colocado miembros de la Sección 22 del SNTE y pobladores, lo que derivó en un enfrentamiento que duró varias horas.
Pide ONU investigar caso
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado para que se investigue de manera exhaustiva e imparcial el enfrentamiento que se registró en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, porque a dos años, las autoridades todavía no han aclarado los hechos, no se ha alcanzado la verdad y la justicia para las víctimas ni se ha garantizado la no repetición del hecho.
El 19 de junio de 2016 se registró un enfrentamiento entre miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y agentes de seguridad pública, cuando éstos últimos intentaban despejar el bloqueo en la carretera de Oaxaca a Cuacnopalan. El choque dejó un saldo de siete muertos, 174 pobladores lesionados, 171 afectados por gas lacrimógeno y 106 elementos de policía heridos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Señaló que es preocupante que desde el hecho "el Estado ha culpado a pobladores y manifestantes y rechazado la responsabilidad de las autoridades en los dolorosos eventos de hace dos años", por lo que han surgido legítimas dudas sobre la falta de imparcialidad e independencia de las pesquisas.
Reconoció que las diligencias llevadas a cabo por la PGR desde diciembre de 2017 están finalmente incorporando la voz de los pobladores agredidos, puesto que durante meses sólo se habían recabado los testimonios de los servidores públicos involucrados en los hechos.
Lamentó que "hasta la fecha no hay evidencia de que algún servidor público esté siendo procesado por las inadmisibles conductas perpetradas", por lo que exhortó a las autoridades para que se realice una investigación exhaustiva e imparcial.
El dirigente del Comité de Víctimas 19 de Junio (Covic), Santiago Ambrosio Hernández, aseguró que la "justicia es dilatoria" a dos años del desalojo en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, que dejó como saldo ocho personas muertas y cerca de 200 heridos.
Este lunes, al iniciar la segunda jornada por la justicia, acusó que el gobierno pretende dar "carpetazo" al caso con el pago de la reparación económica a las víctimas y denunció que han pretendido darle un "tinte que no es" a la recomendación emitida por la CNDH.
Ambrosio Hernández rechazó la recomendación emitida por la CNDH respecto a los hechos violentos ocurridos el 19 de junio de 2016, por considerarla "viciada" y un intento de deslindar de cualquier responsabilidad al gobierno federal.
El dirigente de la Covic aseveró que lo que reclaman es justicia, el restablecimiento del tejido social y hasta el último la reparación del daño. Sobre todo, porque está acreditada la responsabilidad del ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Federal.
El 19 de junio de 2016, en el marco del conflicto magisterial, policías federales y estatales intentaron retirar el bloqueo a la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan, en la región Mixteca, que habían colocado miembros de la Sección 22 del SNTE y pobladores, lo que derivó en un enfrentamiento que duró varias horas.
Pide ONU investigar caso
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado para que se investigue de manera exhaustiva e imparcial el enfrentamiento que se registró en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, porque a dos años, las autoridades todavía no han aclarado los hechos, no se ha alcanzado la verdad y la justicia para las víctimas ni se ha garantizado la no repetición del hecho.
El 19 de junio de 2016 se registró un enfrentamiento entre miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y agentes de seguridad pública, cuando éstos últimos intentaban despejar el bloqueo en la carretera de Oaxaca a Cuacnopalan. El choque dejó un saldo de siete muertos, 174 pobladores lesionados, 171 afectados por gas lacrimógeno y 106 elementos de policía heridos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Señaló que es preocupante que desde el hecho "el Estado ha culpado a pobladores y manifestantes y rechazado la responsabilidad de las autoridades en los dolorosos eventos de hace dos años", por lo que han surgido legítimas dudas sobre la falta de imparcialidad e independencia de las pesquisas.
Reconoció que las diligencias llevadas a cabo por la PGR desde diciembre de 2017 están finalmente incorporando la voz de los pobladores agredidos, puesto que durante meses sólo se habían recabado los testimonios de los servidores públicos involucrados en los hechos.
Lamentó que "hasta la fecha no hay evidencia de que algún servidor público esté siendo procesado por las inadmisibles conductas perpetradas", por lo que exhortó a las autoridades para que se realice una investigación exhaustiva e imparcial.