Pide Arzobispado responder por omisiones en feminicidios de Rioverde

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Si hubo una denuncia y no se hizo caso, “por supuesto que hay que responder”, declaró Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, en referencia a los casos de dos mujeres asesinadas por sus parejas, quienes denunciaron a los agresores pero las autoridades no tomaron medidas para protegerlas.

Sin embargo, el portavoz arqudiocesano declaró que más allá de lo anterior, es necesario fomentar no solo una cultura de la denuncia, sino un entorno respetuoso para las mujeres.

El 25 de junio, Federico Arturo Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó que la Visitaduría General de la dependencia realiza una indagatoria administrativa, a fin de determinar si existieron omisiones en los referidos asesinatos de mujeres.

Priego Rivera comentó que “ojalá” una mujer, víctima de la violencia pida ayuda para poder salir de la situación en que se encuentra. “Un persona que sufre violencia de su cónyuge, tendrían que someterse a terapia y ver cómo se puede solucionar ese problema”.

“Tenemos que crear una cultura de respeto hacia la mujer. Es difícil que la autoridad pueda prever (…) Es difícil que el estado pueda subsanar (….) tener seguridad para todo el ciudadano que se siente amenazado, por supuesto es un vacío que hay que llenar”, expresó.

El 14 de junio falleció una mujer agredida en el municipio de Rioverde por su pareja con un arma de fuego el 6 de junio pasado, a quien desde el año pasado había denunciado por presuntamente violar a sus dos hijas, y sobre quien ya había orden de aprehensión.

En esa misma municipalidad pero el 25 de enero de 2018, una mujer fue asesinada por su ex pareja, quien tras el ataque se suicidó. Previo al feminicidio, la hoy occisa denunció en octubre de 2017 violencia de dicha persona, pero las autoridades no tomaron medidas para protegerla.

Referente al primer feminicidio, el 25 de enero de 2018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación No. 5/2018 a la FGE, por omisión en la aplicación de medidas de protección a la ultimada.