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El Juzgado Tercero de distrito con cabecera en el Noveno Circuito de esta capital potosina, admitió un juicio de garantías promovido por habitantes de la comunidad La Barranca, en la cabecera municipal de Santa María del Río, con el que pretenden obtener la suspensión de la introducción del gasoducto Los Ramones, en el tramo que abarca el poblado.
Habitantes de la comunidad argumentaron ante el juez que la empresa encargada de la perforación e introducción del gasoducto, nunca consultó a los habitantes para el desarrollo de los trabajos y al mismo tiempo, en sus acciones causó daño ambiental por lo que se refiere a la afectación de la flora y fauna.
El Juzgado Tercero abrió el expediente 915/2018, con el que confirma la admisión del juicio de amparo, para el que hay una etapa de audiencias que inicia los primeros días de octubre, a la que serán citados tanto los habitantes como representantes de la empresa.
Los pobladores solicitaron la suspensión total de los trabajos, por considerar que además de pasar por encima de su voluntad no existió consulta pública y afecta el agua, la flora, la fauna y el estado que guardaba el hábitat donde ellos se encuentran, como ocurre desde que iniciaron los trabajos.
Se trata de la primera acción legal desde que en un acto de protesta, los vecinos se manifestaron el sábado 8, con la finalidad de oponerse físicamente al avance de la obra en la que obstruyeron una parte de los trabajos, para solicitar la intervención de las autoridades.
Habitantes de la comunidad argumentaron ante el juez que la empresa encargada de la perforación e introducción del gasoducto, nunca consultó a los habitantes para el desarrollo de los trabajos y al mismo tiempo, en sus acciones causó daño ambiental por lo que se refiere a la afectación de la flora y fauna.
El Juzgado Tercero abrió el expediente 915/2018, con el que confirma la admisión del juicio de amparo, para el que hay una etapa de audiencias que inicia los primeros días de octubre, a la que serán citados tanto los habitantes como representantes de la empresa.
Los pobladores solicitaron la suspensión total de los trabajos, por considerar que además de pasar por encima de su voluntad no existió consulta pública y afecta el agua, la flora, la fauna y el estado que guardaba el hábitat donde ellos se encuentran, como ocurre desde que iniciaron los trabajos.
Se trata de la primera acción legal desde que en un acto de protesta, los vecinos se manifestaron el sábado 8, con la finalidad de oponerse físicamente al avance de la obra en la que obstruyeron una parte de los trabajos, para solicitar la intervención de las autoridades.
