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La Cámara de Diputados desistió de su intento por combatir la sentencia emitida por un Tribunal Colegiado en la que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el caso Iguala.
En los amparos de Salvador Reza Jacobo, Gildardo López Astudillo, Felipe Rodríguez Salgado y Miguel Ángel Landa Bahena, identificados como integrantes de los Guerreros Unidos y supuestos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; la subdirectora de Amparos de la Cámara de Diputados, Nuria Fouilloux Meraz, presentó un escrito de desistimiento del recurso de revisión extraordinaria que fue presentado contra la sentencia dictada en junio pasado por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito.
"Agréguese el escrito signado por la licenciada Nuria Fouilloux Meraz, subdirectora de Amparos de la Cámara de Diputados, por el que desiste del recurso de revisión extraordinaria; por tanto, remítase al Primer Tribunal Colegiado de esta Ciudad, copia debidamente certificada del citado escrito", señaló el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, encargado de ordenar la ejecución de la sentencia del Colegiado.
El recurso presentado por la Cámara de Diputados forma parte de las múltiples impugnaciones que presentaron militares, marinos, policías federales, la Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, entre otros, contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado.
La resolución impugnada desestimó la investigación hasta ahora realizada por la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, en la que ha concluido que los jóvenes fueron secuestrados por miembros de los Guerreros Unidos, asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, Iguala en el estado de Guerrero.
Los magistrados ordenaron reponer el procedimiento a los cuatro quejosos e investigar posibles actos de tortura en su contra.
Asimismo, ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los padres de los 43 estudiantes coadyuvarían al Ministerio Público federal para investigar lo ocurrido con los jóvenes.
Hasta ahora, la sentencia no ha sido ejecutada por la presentación de los recursos y la manifestación de imposibilidad para incumplir la sentencia, presentada por Presidencia, el Congreso de la Unión, la CNDH y la PGR.
Las impugnaciones han derivado en que el asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde los ministros deberán resolver si la sentencia del Colegiado se excedió o si estuvo ajustada a Derecho y, por tanto, no existe ninguna imposibilidad para cumplirla.
En los amparos de Salvador Reza Jacobo, Gildardo López Astudillo, Felipe Rodríguez Salgado y Miguel Ángel Landa Bahena, identificados como integrantes de los Guerreros Unidos y supuestos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; la subdirectora de Amparos de la Cámara de Diputados, Nuria Fouilloux Meraz, presentó un escrito de desistimiento del recurso de revisión extraordinaria que fue presentado contra la sentencia dictada en junio pasado por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito.
"Agréguese el escrito signado por la licenciada Nuria Fouilloux Meraz, subdirectora de Amparos de la Cámara de Diputados, por el que desiste del recurso de revisión extraordinaria; por tanto, remítase al Primer Tribunal Colegiado de esta Ciudad, copia debidamente certificada del citado escrito", señaló el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, encargado de ordenar la ejecución de la sentencia del Colegiado.
El recurso presentado por la Cámara de Diputados forma parte de las múltiples impugnaciones que presentaron militares, marinos, policías federales, la Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, entre otros, contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado.
La resolución impugnada desestimó la investigación hasta ahora realizada por la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, en la que ha concluido que los jóvenes fueron secuestrados por miembros de los Guerreros Unidos, asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, Iguala en el estado de Guerrero.
Los magistrados ordenaron reponer el procedimiento a los cuatro quejosos e investigar posibles actos de tortura en su contra.
Asimismo, ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los padres de los 43 estudiantes coadyuvarían al Ministerio Público federal para investigar lo ocurrido con los jóvenes.
Hasta ahora, la sentencia no ha sido ejecutada por la presentación de los recursos y la manifestación de imposibilidad para incumplir la sentencia, presentada por Presidencia, el Congreso de la Unión, la CNDH y la PGR.
Las impugnaciones han derivado en que el asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde los ministros deberán resolver si la sentencia del Colegiado se excedió o si estuvo ajustada a Derecho y, por tanto, no existe ninguna imposibilidad para cumplirla.