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El Senado de Italia aprobó hoy un decreto sobre seguridad e inmigración que facilita la expulsión del país de indocumentados, limita la protección humanitaria y, en general, endurece las condiciones para inmigrantes y solicitantes de asilo.
Con 163 votos a favor, 59 en contra y 19 abstenciones, el Senado dio su visto bueno a la iniciativa, que ahora regresará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
La coalición gubernamental, formada por el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga, perdió durante la votación a cinco senadores disidentes, miembros del primer partido, que rechazaron el decreto que en su opinión lleva la firma del líder “liguista”, Matteo Salvini.
Las diferencias entre ambos partidos habían llevado a la prensa local a considerar que el Ejecutivo de Giuseppe Conte se tambaleaba, lo que fue negado por el propio Salvini.
“El gobierno no corre riesgos para nada y mantendrá uno a uno todos sus compromisos con los italianos. Con sentido común y humildad se resuelve todo”, declaró Salvini antes de la votación en el Senado.
La iniciativa, que deberá recibir el visto bueno del presidente de Italia, Sergio Mattarella, para convertirse en ley, incluye medidas restrictivas para solicitantes de asilo, facilita la expatriación de los refugiados y limita la protección a los inmigrantes en situación vulnerable.
Entre otras medidas, prevé retener a los inmigrantes recién desembarcados en los llamados "hotspots" o centros de identificación por hasta 180 días para que sean identificados y, eventualmente, repatriados.
Además, limita la protección humanitaria y en su lugar incluye un permiso de residencia temporal a víctimas de “grave explotación”, personas con problemas de salud, violencia doméstica, calamidad en el país de origen, necesitadas de servicio médico y para quienes hayan cumplido actos de valor civil.
El decreto amplía la posibilidad de negar o revocar la protección internacional para quienes sean acusados de violencia sexual, lesiones, robo, violencia contra oficiales públicos, mutilaciones sexuales o tráfico de droga.
Está también prevista la suspensión de la demanda de asilo en caso de peligrosidad social o condena en primera instancia judicial.
Con el objetivo de potenciar las repatriaciones de indocumentados, el decreto destina 500 mil euros (572.9 mil dólares) para 2018 y 1.5 millones de euros (1.72 millones de dólares) para 2019 y 2020.
También reserva a los acreedores de protección internacional y a los menores no acompañados los proyectos de integración e inclusión social.
Con 163 votos a favor, 59 en contra y 19 abstenciones, el Senado dio su visto bueno a la iniciativa, que ahora regresará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
La coalición gubernamental, formada por el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga, perdió durante la votación a cinco senadores disidentes, miembros del primer partido, que rechazaron el decreto que en su opinión lleva la firma del líder “liguista”, Matteo Salvini.
Las diferencias entre ambos partidos habían llevado a la prensa local a considerar que el Ejecutivo de Giuseppe Conte se tambaleaba, lo que fue negado por el propio Salvini.
“El gobierno no corre riesgos para nada y mantendrá uno a uno todos sus compromisos con los italianos. Con sentido común y humildad se resuelve todo”, declaró Salvini antes de la votación en el Senado.
La iniciativa, que deberá recibir el visto bueno del presidente de Italia, Sergio Mattarella, para convertirse en ley, incluye medidas restrictivas para solicitantes de asilo, facilita la expatriación de los refugiados y limita la protección a los inmigrantes en situación vulnerable.
Entre otras medidas, prevé retener a los inmigrantes recién desembarcados en los llamados "hotspots" o centros de identificación por hasta 180 días para que sean identificados y, eventualmente, repatriados.
Además, limita la protección humanitaria y en su lugar incluye un permiso de residencia temporal a víctimas de “grave explotación”, personas con problemas de salud, violencia doméstica, calamidad en el país de origen, necesitadas de servicio médico y para quienes hayan cumplido actos de valor civil.
El decreto amplía la posibilidad de negar o revocar la protección internacional para quienes sean acusados de violencia sexual, lesiones, robo, violencia contra oficiales públicos, mutilaciones sexuales o tráfico de droga.
Está también prevista la suspensión de la demanda de asilo en caso de peligrosidad social o condena en primera instancia judicial.
Con el objetivo de potenciar las repatriaciones de indocumentados, el decreto destina 500 mil euros (572.9 mil dólares) para 2018 y 1.5 millones de euros (1.72 millones de dólares) para 2019 y 2020.
También reserva a los acreedores de protección internacional y a los menores no acompañados los proyectos de integración e inclusión social.
