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Miguel R. Valladares García

sábado 19 de enero de 2019

Ordena Juez deportación de conocida activista proinmigrante en Arizona

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Un juez estadunidense de inmigración en Tucson, Arizona, ordenó hoy la deportación a México de Alejandra Pablos, una activista de derechos de inmigración y de reproducción conocida a nivel nacional en Estados Unidos.

El juez Thomas Michael O’Leary rechazó una solicitud de asilo de Pablos y ordenó su deportación en una audiencia este martes, aunque la mujer dijo que planea apelar la decisión.

En la audiencia, Pablos argumentó su temor a sufrir persecución en México, donde el aborto es ilegal en gran parte del territorio y los activistas que conoce han recibido amenazas de muerte.

El caso de Pablos, miembro del grupo promigrante “Mijente”, es conocido en todo el país tras su detención en enero pasado durante una protesta frente a una oficina del Departamento de Seguridad Interna (DHS) en Virginia y luego fue arrestada por agentes de la Oficina de Inmigración y de Aduanas (ICE).

“Fue una protesta pacífica”, le dijo al juez O’Leary. “Estaba dirigiendo cantos y fui la única arrestada”.

Pablos permaneció bajo arresto en el Centro de Detención de Inmigrantes en Eloy, Arizona, por 43 días y fue dejada libre después de que más de 24 mil personas firmaran una petición en internet para su liberación.

Los cargos por delitos menores de invasión y obstrucción de la justicia fueron desestimados, pero pusieron en duda su tenue estatus migratorio y condujeron a la audiencia del martes. “Si veo injusticias, voy a hablar en contra de ellas”, declaró en la audiencia.

“Estamos muy tristes y enojados por la decisión de la corte de inmigración de Tucson de deportar a Alejandra·”, dijo “Mijente” en un comunicado.

“Alejandra es precisamente el tipo de persona que debemos apoyar en contra de la administración de Trump: alguien que defiende los derechos de su comunidad”, añadió el grupo.

Expuso que Pablos “es una líder reconocida en la lucha por los derechos reproductivos y los derechos de los inmigrantes, las razones por las que su vida podría verse amenazada si la deportaran”.

“Su caso es también un ejemplo de los esfuerzos del gobierno de Trump para debilitar la ley de asilo y su obsesión por deportar a la mayor cantidad de inmigrantes posible “, dijo Jacinta González, líder de la organización Mijente.

Pablos dijo que nació en la comunidad fronteriza de Nogales, en el estado mexicano de Sonora, pero que fue traída a Estados Unidos cuando era una bebé. Creció en Arizona y obtuvo la residencia legal.

Sin embargo, años atrás fue arrestada y declarada culpable de varios cargos, entre ellos el de conducir bajo la influencia del alcohol y posesión de parafernalia de drogas.

En 2011, después de cumplir las órdenes de la Corte, pasó 2 años en un Centro de Detención, perdió su residencia permanente en Estados Unidos y fue puesta en proceso de deportación.

“Este no es el final de nuestra lucha; apelaremos esta decisión e instaremos al gobernador de Arizona (Doug) Ducey a que emita un indulto por los arrestos que llevaron a mi detención en primer lugar”, dijo Pablos en el comunicado de Mijente.

“Obtener un perdón del gobernador aumentaría significativamente mis posibilidades de poder seguir luchando para detener mi deportación y permitirme quedarme en casa con mi familia y mi comunidad “, declaró.

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