La próxima directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Georgina González Cázares, quien recientemente fue electa por el Consejo Directivo Universitario (CDU), reconoció que la institución falló y que no es posible "seguir como si nada hubiera pasado" tras la crisis que derivó en la renuncia del ex director Germán Pedroza Gaitan.
En entrevista con Pulso Online, la académica sostuvo que el primer paso es nombrar lo ocurrido, asumir errores y trabajar en una operación cicatriz al interior de la comunidad. "Si no reconocemos, no podemos avanzar", afirmó, al señalar que ya tiene previstas actividades con perfiles especializados en mediación, restauración y construcción de paz.
González Cázares subrayó que la Facultad enfrenta un problema complejo que no puede resolverse con acciones aisladas. Planteó un abordaje integral, que combine seguridad, prevención y atención emocional, tanto para estudiantes como para docentes, al admitir que la respuesta institucional ha sido fragmentada.
En ese contexto, señaló que su gestión pondrá énfasis en cerrar vacíos de autoridad y presencia, especialmente en horarios donde históricamente la Facultad ha quedado sin supervisión.
Afirmó que la ausencia genera condiciones de riesgo y que la dirección deberá mantener presencia física constante en las instalaciones.
La directora electa también se refirió a la división interna que dejó el proceso de designación y consideró indispensable reconstruir la confianza entre quienes apoyaron distintos proyectos o decidieron no participar. "Fallamos como institución", insistió, al justificar la necesidad de procesos de reconocimiento y transición interna.
Respecto a la impugnación promovida por un docente (Edgar Durón Puente) ante instancias externas a la Universidad, González Cázares aclaró que el procedimiento no está cerrado y que será respetuosa del curso legal. Señaló que no ha intervenido ni intervendrá en ese proceso y que corresponderá a la autoridad federal pronunciarse.
Finalmente, aseguró contar con el respaldo de la rectoría, del Consejo Directivo Universitario y de la administración central, apoyo que consideró indispensable debido al carácter excepcional de la crisis en la Facultad de Derecho. Su toma de protesta formal se realizará en la próxima sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario.
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