A casi cinco años de la detención de Gabriel N. el caso Invercorp continúa sin una sentencia firme y los inversionistas afectados siguen sin recuperar su dinero.
El empresario, conocido como Gabo, fue detenido el 16 de diciembre de 2021 y recluido en el penal de La Pila, acusado de fraude genérico y asociación delictuosa por las operaciones de Invercorp Capital Financial.
Las denuncias comenzaron en 2020, después de que la empresa dejara de entregar los rendimientos prometidos a sus inversionistas. A lo largo del proceso se ha señalado la existencia de más de 800 posibles afectados y un presunto quebranto superior a 100 millones de pesos, aunque ambas cifras deberán quedar acreditadas judicialmente.
Antes del desplome de sus empresas, Gabriel N. se presentaba públicamente como "El Príncipe del Emprendimiento". En redes sociales, conferencias y publicaciones presumía el crecimiento de Grupo Infinite, un corporativo que, según su propia versión, llegó a reunir 24 empresas y más de mil 500 empleados.
Entre sus proyectos se encontraba Comuna Tower, promovida como el primer rascacielos de San Luis Potosí. También publicó libros y contenido sobre negocios, poder y generación de riqueza.
La primera condena fue anulada
El proceso penal llegó a una sentencia condenatoria; sin embargo, el 10 de septiembre de 2025, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dejó sin efectos esa resolución y ordenó repetir una parte del juicio.
Esto significa que la primera condena perdió validez y el tribunal tendrá que determinar nuevamente si Gabo Salazar es responsable de los delitos que se le atribuyen.
Las víctimas intentaron combatir esa decisión mediante el amparo 1509/2025, pero el expediente fue sobreseído el 28 de enero de 2026, sin que se analizaran a fondo sus argumentos.
De acuerdo con una investigación de Ciudadanos Observando, durante 2025 y 2026 también fueron promovidos al menos nueve amparos por Gabriel y su hermano, Jonathan. Los recursos están relacionados con medidas cautelares, atención médica y otras determinaciones tomadas durante el proceso.
La organización reconoció que presentar amparos es un derecho de los acusados, pero consideró que la acumulación de recursos y la repetición de actuaciones judiciales han prolongado el caso, mientras los inversionistas continúan sin una resolución definitiva ni reparación del daño.
Tribunal volverá a decidir
El 31 de agosto de 2026 se realizó la audiencia para repetir la parte anulada del juicio oral. La siguiente diligencia fue programada para el 21 de septiembre, cuando el tribunal deberá pronunciarse nuevamente sobre la responsabilidad penal de Salazar Soto.
La decisión todavía podría ser impugnada por alguna de las partes, por lo que no necesariamente significará el cierre definitivo del proceso.
Mientras no exista una sentencia firme, Gabriel Alan Salazar debe ser considerado inocente, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia.
Cuestionan falta de denuncias por contratos de Salud
Ciudadanos Observando también cuestionó que no se conozcan denuncias penales presentadas por el Gobierno del Estado contra Gabo Salazar por presuntas irregularidades vinculadas con contratos de los Servicios de Salud, durante la administración de Mónica Liliana Rangel Martínez.
La organización aclaró que esos señalamientos son distintos al caso Invercorp y, en su caso, deberán investigarse mediante expedientes separados.
A casi cinco años del encarcelamiento de quien se presentaba como uno de los empresarios jóvenes más exitosos de San Luis Potosí, el proceso permanece abierto: sin una sentencia definitiva, sin reparación del daño y con cientos de inversionistas todavía a la espera de recuperar su dinero.