La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) quiere terminar el contrato y recuperar su terreno. Distribuidora VEM, la empresa que lo arrendó para desarrollar el proyecto Santa Fe, rechaza haber incumplido y anunció una reclamación por 700 millones de pesos. El conflicto sigue en tribunales y ahora incluye señalamientos de ambas partes sobre los documentos presentados en el juicio.
El episodio más reciente involucra a la abogada general, Urenda Queletzú Navarro Sánchez. La defensa de VEM cuestionó anexos y calendarios aportados por la representación universitaria; la Oficina de la Abogacía General respondió que son legítimos y negó que la jueza mercantil hubiera denunciado penalmente a su titular.
Para entender la disputa hay que volver al acuerdo que permitió a la empresa ocupar 46
mil metros cuadrados de propiedad universitaria en Lomas Cuarta Sección, detrás del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica.
¿Qué se había pactado?
El contrato fue autorizado en noviembre de 2023 y firmado en abril de 2024. Establecía un arrendamiento por 20 años, con una renta de 3.4 millones de pesos anuales y un año de gracia para realizar trabajos y trámites del proyecto.
De acuerdo con Fabián Espinosa Díaz de León, accionista y apoderado legal de VEM, la propuesta contemplaba canchas deportivas y áreas comerciales. Además del pago, la Universidad recibiría horas de uso de las instalaciones y cajones de estacionamiento. Al concluir el contrato, la infraestructura quedaría en su patrimonio, sostuvo.
¿Por qué se rompió el acuerdo?
La UASLP señaló que la empresa modificó la naturaleza del proyecto: del centro deportivo originalmente planteado pasó al desarrollo comercial denominado Distrito Santa Fe.
La operación también fue cuestionada por el monto de la renta, las diferencias entre los proyectos y el uso de una parte del predio para almacenar vehículos de una distribuidora de automóviles.
A casi año y medio de haberse autorizado el contrato y un año después de su firma, la construcción no había comenzado. Además, desde marzo de 2025, el Ayuntamiento capitalino había informado, mediante una respuesta de transparencia, que su área de Desarrollo Territorial y Desarrollo Urbano no tenía antecedentes ni registros de trámites relacionados con Distrito Santa Fe. Santa Fe, sin trámite alguno, revela la alcaldía capitalina
En abril de 2025, la Universidad propuso terminar anticipadamente el contrato por incumplimientos y pidió devolver el inmueble. No hubo acuerdo.
Por su parte, VEM atribuyó la falta de permisos a que el predio estaba dividido catastralmente en tres partes y sostuvo que la Universidad no había realizado la fusión necesaria.
En agosto de ese año, Navarro informó que la demanda mercantil para rescindir el contrato ya había quedado radicada ante un juzgado federal.
¿Qué reclama la empresa?
VEM sostiene que los obstáculos provinieron de la Universidad. Espinosa afirmó que el predio estaba dividido catastralmente en tres partes y que la institución no realizó la fusión necesaria para tramitar los permisos de construcción.
También declaró que disponía del dinero para pagar la renta, pero decidió no entregarlo ante la intención de terminar el contrato. Según su versión, dejó constancia de su disposición de pago ante un notario.
En octubre de 2025 anunció una reclamación por 700 millones de pesos por daños y perjuicios, calculada a partir de 25 contratos con proveedores y asociados al proyecto. Ese monto es una pretensión de la empresa; no una cantidad que un juez haya ordenado pagar a la UASLP.
¿La Universidad ya recuperó el terreno?
El último dato aportado en este recuento sobre la posesión corresponde a julio de 2026. Entonces, Navarro reconoció que la UASLP aún no recuperaba el inmueble y que había solicitado al juzgado ordenar su entrega.
La funcionaria explicó que el juicio estaba en una etapa primaria, con incidentes pendientes de resolución y sin fecha definida para concluir.
¿Qué ocurrió con los documentos?
El 30 de septiembre, Pulso publicó que la defensa de VEM había señalado presuntas alteraciones en documentos aportados por la representación universitaria dentro del expediente 11674/2025.
El cuestionamiento se refiere a anexos, especificaciones y calendarios que, según la empresa, no estaban incorporados al contrato original firmado. La publicación informó que esos señalamientos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público Federal.
La Oficina de la Abogacía General respondió ese mismo día en Facebook. Negó que el juzgado hubiera formulado una denuncia penal contra Navarro y sostuvo que la jueza no accedió a la petición de VEM de que fuera el propio órgano judicial quien la denunciara, aunque remitió los escritos al Ministerio Público.
La oficina agregó que la intervención ministerial venía de una actuación anterior: el 5 de diciembre de 2025, a petición de la UASLP, se acordó una vista por posibles irregularidades relacionadas con 25 contratos de subarrendamiento presentados por la empresa.
Según la representación universitaria, esos contratos no le habían sido notificados y podrían haberse utilizado para simular afectaciones económicas. También informó que en agosto de 2026 el Ministerio Público Federal solicitó una copia digital del expediente.
Hasta el cierre, la respuesta pública a este último episodio había sido emitida por la Oficina de la Abogacía General. No se había difundido una postura institucional adicional de la UASLP.
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