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Fue un duro golpe el que recibió el estado con el anuncio de la cancelación, por parte de la Comisión Nacional del Agua, del proyecto de la presa de La Maroma, en el Altiplano.
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La decisión tomada ayer es el colofón de una serie de aviso de que el proyecto no iba bien. Problemas de tierra e inconformidad de ejidatarios presagiaban lo que está ocurriendo ahora.
Los términos en los que la CNA se refiere a la cancelación de su apoyo, sin embargo, no parecen apuntar hacia esos motivos, sino a instancias estatales.
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El hecho de que haya habido “diferencias” entre el proyecto ejecutivo y el proceso de licitación y, sobre todo, que la falta de atención de “unidades ejecutoras” del proyecto a recomendaciones y conclusiones hechas por la CNA y la omisión para presentar los reportes mensuales del avance de la obra, deben generar explicaciones de la Comisión Estatal del Agua y del gobierno de Juan Manuel Carreras López.
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De nueva cuenta, el compromiso de la transparencia que promete el Congreso del Estado queda sólo en palabras.
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El tabulador legislativo para 2020, anexo a la propuesta entregada por el Ejecutivo, y que deberá ser aprobada por el propio Congreso, parece estar diseñado para evitar conocer información relevante sobre en qué medida aumentará la nómina del Congreso para el año entrante.
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El Congreso puede presumir avances importantes en materia de transparencia, pero las evidencias sin embargo, siguen exhibiendo la opacidad tradicional que se ha cultivado en ese poder.
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¿Y la vía alterna? Esa pregunta debió haberse hecho más de uno luego de que el pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, que sólo prevé dos obras en San Luis… y ninguna está vinculada con una nueva salida a la Zona Industrial.
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Sólo dos de los 147 proyectos presentados estarán en San Luis. Uno es el tramo carretero Ventura-Peyote, a cargo de la constructora que ha hilado una red de vías de cuota alrededor de la capital. Tiene prevista una inversión de 4 mil 200 millones de pesos.
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Y también están las obras que OMA aplicará en el aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, en las que erogará 180 millones de pesos.
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Sólo esos dos proyectos. No implica que la vía alterna se quede sin financiamiento, pero por lo que se ve, éste será totalmente de origen público. Lo anterior tiene la desventaja de que la inversión quedará sujeta a las veleidades presupuestales, que muchas veces, han malogrado buenos proyectos.
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Por otro lado, parece que a nivel de inversión privada en infraestructura, la presunta cercanía del presidente López Obrador con el estado, dadas las continuas visitas que ha realizado, no se reflejó en este caso.
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¡HASTA MAÑANA!