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Que una persona pierda 24 centavos al pagar su acceso a un camión del transporte podrá ser poca cosa. Pero la relevancia de que no se regule el problema del cambio de moneda fraccionaria toma una dimensión distinta al ver los números macros de la actividad.
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Una búsqueda sobre la capacidad de movilización diaria del transporte urbano en San Luis arrojó que el más reciente estudio data de 2013, cuando se calculaba que 542 mil personas usaban camión al día.
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De ellos, el 86%, es decir, 466 mil 120 pagaban la tarifa completa.
Por falta de “morralla” por parte de los operadores, la mayor parte de los usuarios pierde 20 centavos por cada viaje, pues lo más frecuente es que acabe pagando 10.00 pesos por la falta de “veintes” o “diecitos”.
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Y todos pagan 4 centavos de más por el redondeo no fundamentado que les concedió la autoridad a los transportistas en el decreto del aumento, publicado a fines de año.
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Es decir, esos 24 centavos extra por usuario implicarían una entrada diaria, usando las cifras de 2013, 111 mil 868 pesos diarios. Cada mes que dure vigente la tarifa, serán 3.3 millones de pesos que reciban injustificadamente los concesionarios.
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Esas cifras bastan para que la SCT encuentre solución al problema. No basta con que se diga que los operadores darán el cambio, porque no se verifica ni se sanciona la omisión.
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Tampoco parece una alternativa viable la tarjeta prepagada, pues la existencia de dos empresas distintas, que sirven a líneas diferentes complica en demasía su uso para los usuarios.
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Quizá deba establecerse un mecanismo que obligue a los operadores a que realmente dispongan de moneda fraccionaria. O deban homologarse las tarjetas de prepago, para que el usuario tenga la garantía de un cobro justo.
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O tal vez, desde la legislación del incremento, deban preverse los problemas generados por la moneda fraccionaria y tomar decisiones que sean justas tanto para los permisionarios y los usuarios.
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Lo que no debe prevalecer es un cuantioso ingreso injustificado para un servicio que sigue generando muchas quejas.
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La recesión económica internacional devastó la capacidad de la economía de San Luis para mantener el ritmo de generación de empleo de los últimos años y, en 2019, apenas superó las siete mil nuevas plazas aseguradas en el IMSS.
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Ese incremento, y su equivalente porcentual de 1.7 por ciento son los números más bajos que ha presentado el estado en los últimos nueve años y en los 23 años que lleva el Seguro Social contabilizando el indicador, menor que esa cifra son los números rojos que tuvo el empleo en 2003, 2008 y 2009.
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El panorama es inocultable: el retroceso fue terrible. El anuncio de que Estados Unidos aprobó el T-MEC ha sido un alivio para los sectores empresariales potosinos, y del país en general, pues al menos supone una esperanza de mejora en este año.
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Sin embargo, el golpe está dado. Impacto que, hay que decirlo, poco o nada pudo ser evitado por las autoridades de los tres niveles de gobierno, dado que el devenir económico no suele rebasarlos.
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Lo que sí no se puede hacer es tratar de endulzar la situación con cifras a modo o totalmente alejadas de la realidad, para describir ya no un panorama de problemas, sino totalmente esplendoroso. Hay que decirlo: las metas oficiales de empleo en 2019 fueron destrozadas por la recesión económica.