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Después de duplicar sus deudas en 2018, los Servicios Estatales de Salud venían saneando sus pasivos, sin llegar a liquidarlos del todo al primer trimestre del año, como incluso lo dejó por escrito la dependencia.
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Aun así, se trataba de un modesto avance. Pero a partir de abril, las finanzas de la dependencia que dirige Mónica Rangel, volvieron a descomponerse y ahora ha desandado parte de ese camino de recuperación.
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Ya estamos en la segunda mitad del año y sería muy negativo que este endeudamiento se vuelva una escalada que, de nueva cuenta, supere los niveles del año pasado.
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Cuando se supo sobre la distribución de los elementos de la Guardia Nacional en el país, en diversas instancias gubernamentales potosinas se empezaron a hacer cuentas alegres en torno al número de elementos que llegarían a San Luis.
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El rango de los cálculos fue amplísimo. En Soledad hablaban que, sólo ese municipio, recibiría 600 integrantes de la guardia. En la capital, ya se veían con entre 350 y 400 elementos para reforzar la seguridad.
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La Secretaría General de Gobierno se atrevió incluso a pronosticar tres mil elementos, de a 500 por cada municipio elegido en San Luis por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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El martes, sin embargo, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, reveló en la conferencia “manañera” de ese día en Palacio Nacional un panorama que hizo desentonar tanto optimismo local.
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Serán mil 308 nuevos elementos los desplegados, que se sumarán a más de 800 militares que están asignados de manera permanente al estado. La Guardia Nacional es parte minoritaria de ese esperado contingente, apenas 334. El funcionario sumó a ellos otros 434 policías federales, de los cuales está pendiente su conversión a la GN. El paso está viéndose lento y complicado.
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Debido a que también se prevé que otros 540 soldados apoyen el despliegue federal, resulta que el peso de este nuevo esfuerzo de reforzar la seguridad pública en San Luis seguirá recayendo en los militares. Al menos en el corto plazo.
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Lo peor es que las cifras que ofrece el gobierno de AMLO están muy por debajo de las expectativas locales que levantó el arribo de la Guardia Nacional al estado.
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Resulta que la destitución del director del Centro de Reinserción Social número 1, el de La Pila, Juan Roberto Montes Romero no lo ocasionó la posible ilegalidad de ostentar un grado académico inexistente y no entregar comprobantes del mismo a la Secretaría de Seguridad Pública.
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Un día después de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Pineda, lo defendiera a capa y espada tras hacerse pública esa situación, el mismo funcionario anunció su despido.
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La destitución fulminante se debió a la circulación de una imagen que daba cuenta de la presunta presencia del hoy ex funcionario en un “table dance”, en compañía de una mujer.
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Desde luego que la foto es un desastre para las relaciones públicas de la SSP, pero que se sepa, asistir a un establecimiento como ese no le estaba prohibido por la Ley a Montes Romero.
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Sin embargo, parece que en la SSP, pesó más la imagen que el respeto a la legalidad.
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¡HASTA MAÑANA!