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Toda la tranquilidad que pudieran haber tenido los empleados de la Contraloría General del Estado tras los días de asueto del puente revolucionario se esfumó ayer, al regresar, cuando se enteraron del abrupto despido del director General de Control y Auditoría, Jaime Hernández Segovia, y de la directora de Fiscalización y Obra Pública, María del Carmen Dávila Esquivel.
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Se trata de puestos clave, a través de los cuales fluye el proceso de fiscalización interna del gobierno del estado, se detectan anomalías y se enfilan sanciones.
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Por si fuera poco, según relatan al interior de la CGE, el modo en el que se dieron los despidos, con cambio de chapas de oficinas incluido, incrementaron la sorpresa e incluso el enojo dentro de la dependencia.
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La Contraloría General del Estado ha enfrentado recientemente situaciones como una cuantiosa observación de la Auditoría Superior de la Federación, que provocó que la entidad fuera ubicada como la de segundo mayor monto de observaciones de recursos federales en 2018, mientras que el órgano fiscalizador local también le realizó observaciones por algunas omisiones y deficiencias en el proceso de revisión en el ejercicio de recursos, también durante el año pasado.
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No se sabe aún si hay relación entre esas circunstancias y los abruptos cambios en la CGE o si serán otros los motivos, pero resulta notorio que algo ocurre en la dependencia que dirige Gabriel Rosillo.
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Quizá en el Congreso del Estado estén curándose en salud para evitarse costosos laudos laborales como los que han pagado esta y otras legislaturas, pero en el caso de las más recientes destituciones de funcionarios, la Junta de Coordinación Política pecó de generosa.
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En especial si las justificaciones para ofrecer cuatro meses de sueldo, más las prestaciones legales que proceden en el caso de los despidos, a los ex titulares de Informática, Finanzas y del Archivo (aunque en este caso, no se había comentado nada en el Congreso), no parecen muy claras.
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No se ha reconocido, pero en el primer caso, la separación estaría relacionada con una observación de la Auditoría Superior del Estado en el sentido de que el ex titular de Informática no cumplía con el perfil del cargo.
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En el caso de la ex titular de Finanzas, el desacuerdo de algunos diputados con la decisión adoptada en la Jucopo apunta a que existe cierto grado de controversia en la decisión, pese a la aparente normalidad que le quiere dar la junta a los movimientos.
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El hecho de que a los sustitutos los hayan sugerido las bancadas del PRI y del PAN indica que más bien se trata de la clásica maniobra de favorecer con espacios a los cercanos a los partidos de las bancadas que deciden.
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Lo que es cuestionable es que esas decisiones en el Congreso cuesten bastante al erario, sobre todo en una legislatura que se sigue esforzando en afirmar que es austera.
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¡HASTA MAÑANA!