Agua en disputa ¿Quién pagará los despidos?
El gobierno del estado deberá poner mucha atención a lo que los gobiernos de los vecinos Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas están tramando en torno a la resurrección del plan Monterrey VI, para llevar agua de la Huasteca a las entidades norteñas.
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Un proyecto que se armó en pasadas administraciones, logró una autorización de la Comisión nacional del Agua para extraer del río Tampaón, afluente del Pánuco, 15 litros por segundo de agua y trasladarla, mediante un acueducto de más de 300 kilómetros de longitud, a la sedienta Monterrey.
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El proyecto naufragó y se dio por cancelado, no sin enfrentar la oposición de potosinos, especialmente de la Huasteca, y veracruzanos, que veían amenazado el patrimonio hídrico de la cuenca del Pánuco.
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Sin embargo, Samuel García, el gobernador neoleonés lo revive, dándole un giro de tuerca: el agua potosina no sería sólo para los regios, sino también para tamaulipecos y coahuilenses.
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La maniobra podría tener la intención de aumentar las posibilidades de éxito al pasar de uno a tres los estados que podrían beneficiarse… y también podrían presionar juntos.
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Y hasta ahora, el gobierno potosino no ha mostrado ninguna posición. Ojalá no se esté enterando hasta ahora.
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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona pudo haberse dado cuenta antes, de haber asistido a las dos reuniones regionales que ha organizado el gobierno de Samuel García, a las que ha asistido el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.
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A la primera, realizada hace alguas semanas, el gobierno potosino envió representantes de nivel secundario.
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A la segunda, celebrada el miércoles de la semana pasada, y en la que se hizo el anuncio del plan hídrico, no se sabe si hubo presencia potosina. Al parecer, fue desdeñada totalmente.
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Será interesante saber si el gobierno del estado, más concretamente la Oficialía Mayor, tiene un estimado de lo que costarán los laudos laborales que seguramente se generarán en esta ola de despidos.
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Resulta ingenuo pensar que los trabajadores afectados por la decisión de desocupar a los trabajadores de manera súbita y sin cubrir las formalidades, se van a quedar así como así.
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La experiencia demuestra que una de las principales sangrías presupuestales que afectan a las administraciones estatales y de los ayuntamientos son los pleitos laborales perdidos en cada cambio de administración.
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Quizá eso no sea relevante para este gobierno, pues por lo general, los que acaban pagando el dinero, son las siguientes administraciones.
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¡HASTA MAÑANA!
