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Entre las ideas respaldadas en buenas intenciones, pero llevadas a la práctica de manera desastrosa está ahora la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, una medida originalmente enfocada a arrebatar de manera más fácil el patrimonio a responsables de delitos y corrupción, pero que ahora es vista como una amenaza al patrimonio privado.
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El llamado viene desde la sociedad civil, que ve con preocupación que el gobierno federal pueda, sin mediar orden judicial, apropiarse de los bienes particulares sobre los cuales exista la sospecha de estar vinculados a actividades ilícitas, sin esperar a que un juez dicte una sentencia de culpabilidad.
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Agrava este punto el hecho de que, si en el inter de un dictamen judicial a favor del afectado de un decomiso, los bienes son vendidos, éste no verá devuelto su bien, sino que recibirá el dinero producto de la venta.
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Voces de la sociedad civil alertan de que esta situación deja abierta la puerta a excesos en contra de la propiedad particular, especialmente a la opositores al régimen.
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Contradictoriamente, tanto el PRI y el PAN unieron fuerzas con Morena y sus aliados para aplastar los votos contrarios.
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De los legisladores federales potosinos, todos, salvo la perredista Guadalupe Almaguer, votaron en contra. Será interesante saber qué opinan sobre las reservas que ha generado esta reforma entre la población.
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Graves las acusaciones que el investigador de la organización Ethos Laboratorio de Políticas Públicas ha hecho contra el gobierno estatal, en las que responsabiliza concretamente a la Contraloría General del Estado de descarrilar el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente, al fomentar el divisionismo que ha azotado al Consejo de Participación Ciudadana.
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De manera extraoficial, voces locales han apuntado en esa dirección, aunque no se han animado a expresarlo públicamente.
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Sin embargo, es claro el encono que hay al CPC. E incluso, se podría decir que hasta en las dependencias que también conforman el SEA.
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La ausencia de quórum en las sesiones convocadas por el CPC es un indicativo de que existe un desencuentro a niveles oficiales.
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El desastre en el CPC es una responsabilidad compartida, entre los ciudadanos, funcionarios estatales, de organismos autónomos y del Congreso del Estado. La posibilidad de que desde dentro de las dependencias públicas sea instigado sería un grave retroceso para un gobierno que presume de la bandera anticorrupoción.
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El estado fue exhibido ayer por Reforma, al ser ubicado como uno en los cuales el comercio de combustible de dudosa procedencia está a la vista.
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La respuesta oficial no tranquiliza. Desde mayo pasado, la Secretaría de Seguridad Pública no tiene resultados desde mayo, hace casi dos meses.
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¡HASTA MAÑANA!