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Es algo que los arquitectos tienen muy claro: un cambio de espacio físico puede determinar modificaciones no solo de movimiento, usos y ánimos, sino también hasta cuestiones administrativas y políticas. La observación viene a cuento porque el nuevo edificio del Hospital Central tendrá, ya se avizora, incidencia en la forma como se administra la institución.
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El edificio tiene un solo espacio para almacenar, recibir y gestionar insumos. Actualmente hay una administración por sector, cada uno con sus espacios, lo que sería muy eficiente, incuestionable y transparente si no fuera porque no ha habido cabeza, o no se quiere que la haya, para coordinar esa variedad de criterios para las adquisiciones y aplicaciones de los materiales.
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Mucho antes de los recortes de la 4T a la sanidad pública, los estudiantes de Medicina que hacen en el Central su práctica formativa, instituyeron la organización de colectas de materiales de curación básica, como gasas, vendas, algodón, alcohol, merthiolate, hipodérmicas desechables y demás, porque con frecuencia se encuentran con la falta de estos elementos en sus guardias.
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Un hospital enfocado a la atención de los más desfavorecidos que no cuentan con seguridad social, y mucho menos recursos para pagar los servicios de instituciones privadas, nunca ha gozado de abundancia en presupuestos. Pero si a eso se le añade una selección errática y opaca de proveedores, el resultado no puede ser de beneficio para los fines sociales del Central. De todo esto han sido responsables las directivas del hospital, pues si bien sigue lineamientos de la Secretaría de Salud, tradicionalmente se ha manejado con bastante autonomía: el Central decide quiénes son sus proveedores.
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Desde que se descubrió la existencia de un lote de medicamentos contra el cáncer adulterados, la secretaria de Salud pidió al contralor que hiciera una revisión a fondo. Rosillo ya se tardó, como se ha tardado su dependencia en presentar resultados de todos los temas de corrupción, dudas administrativas. No hay vuelta de hoja, La auditoría que solicitó la doctora Mónica Rangel también ya debió tener resultados. Se sabe incluso que en el tema específico de los productos adulterados, Coepris también revisó las existencias de estos medicamentos anticáncer del IMSS y del ISSSTE.
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Tan solo en los hallazgos de la organización civil Ciudadanos Observando, el 80 por ciento de las nuevas áreas habitacionales de Soledad no aparecen entregadas a la alcaldía para la dotación de servicios básicos, es decir, los empresarios construyeron casas y abandonaron a los clientes a su suerte.
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La ley indica que las alcaldías no están obligadas a prestar servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, barrio manual, recolección de basura, alumbrado público o mantenimiento de áreas públicas, si los fraccionamientos no fueron entregados por los constructores en los ayuntamientos.
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En cierta medida, los fraccionamientos no son entregados a la autoridad para el cierre administrativo de la obra, porque frecuentemente no cumplen con especificaciones diversas de calidad de obra, de estudio de riesgos por desastres naturales o proximidad con áreas industriales.
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¡HASTA MAÑANA!