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Se esperaba más del anuncio de las autoridades sobre las medidas que servirían para reforzar la fase 3 de la estrategia nacional contra la pandemia del coronavirus.
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Ante las evidencias de que los potosinos no sólo no están acatando la cuarentena, sino que están aumentando la movilidad, hecho que fue reconocido ayer mismo por los Servicios Estatales de Salud, están quedando chicas las acciones oficiales encaminadas a mantenerlos en sus casas.
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En contraste, en otros estados, los gobernadores están afrontando el reto, y el costo político que esas acciones pudieran tener, endureciendo las medidas para impedir que gente esté en la calle sin justificación.
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Medidas obligatorias que aquí son recomendaciones, Multas económicas, algunas cuantiosas e incluso cárcel para quienes usen vehículos o estén en la calle de manera innecesaria son medidas que ya son norma en otras entidades.
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Sí, son medidas duras, pero situaciones desesperadas exigen medidas extremas.
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Los potosinos salen a comprar productos no esenciales, a comer en grupo, a pasear a sus perros, a protestar, a hacer ejercicio o a muchas otras actividades que los ponen en riesgo a ellos y a miles de personas más.
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Diariamente, la secretaria de Salud, y el gobernador, cada vez que acude a la conferencia matutina, insisten con vehemencia en suplicar a la ciudadanía a que se mantenga en casa.
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Pero en la práctica, las autoridades potosinas parecen estar sacándole la vuelta al problema, olvidando que tienen todas las atribuciones legales para ir más allá de las sentidas peticiones.
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En plena pandemia de coronavirus, y cuando las exigencias de que el gasto público sea desviado de acciones onerosas para redireccionarlo a la lucha contra el COVID-19, el Congreso confirma que, de nuevo, recontrató a decenas de trabajadores pagados a través de honorarios.
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La partida más controvertida de la actual Legislatura se sigue ejerciendo sin hacer caso a las dudas sobre si la contratación de esos empleados tiene una verdadera utilidad.
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Lo que implica que esos trabajadores recibieron la también tradicional liquidación previa, una costosa práctica que esta Legislatura heredó de sus antecesoras.
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Además del gasto millonario hecho en tiempos en los que la austeridad y la exigencia de apoyar los esfuerzos contra la epidemia, el anuncio levantará polémica porque se manejó la contratación de 142 trabajadores, cuando el antecedente más reciente señala que había 131 empleados en esa nómina.
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¿Y la austeridad? ¿Y el acuerdo que se cocina para que las dependencias estatales limiten su gasto y eviten, entre otra cosa, la contratación de empleados por honorarios?
¡HASTA MAÑANA!