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Desde ayer empezó a circular en las redes sociales de algunos funcionarios estatales la versión de que hoy, el semáforo sanitario del COVID cambie de naranja al color amarillo.
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Lo anterior implicaría, al menos en el papel, la apertura de un abanico de actividades que se podrían realizar nuevamente, también, en teoría, bajo estrictas medidas de seguridad.
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El cambio de semáforo encontraría a San Luis rebasando los 24 mil contagios acumulados y un saldo mortal muy cercano a los dos mil decesos.
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Es cierto que la incidencia de casos y muertes parece haber entrado en descenso, pero la sombra de un rebrote en el corto plazo sigue vigente.
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Se esperan entonces pasos prudentes para ir aflojando la rigurosidad de las medidas sanitarias de manera gradual, evitando propiciar las condiciones de un contraataque del virus.
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El rescate a manos de un grupo armado de un interno relacionado con un grupo de la delincuencia organizada, que le fue arrebatado a las autoridades nada menos que de un juzgado, es un desafío demasiado grave como para que las autoridades policiacas lo ignoren.
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El desafío delictivo no debería repetirse, pero la capacidad de respuesta de las corporaciones policiacas y de custodia penal es incierta.
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La desigualdad de género que existe en el país en general y en el estado en particular, se refleja también en el ámbito laboral.
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La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo del Inegi pone en relieve, de nuevo, la doble carga que representa ser mujer en el estado.
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Aquí, las potosinas deben destinar más horas que los hombres en el mercado laboral formal, y todavía, trabajar más horas que ellos en el hogar, donde las labores no son remuneradas.
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El dato agranda la deuda que la sociedad potosina y sus autoridades tiene con las mujeres.
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El accidente que sufrió el diputado local independiente Pedro César Carrizales en la carretera a Querétaro pone en evidencia el uso discrecional de los vehículos del Congreso.
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En ese sentido, el compromiso de un uso racional de los recursos materiales del Legislativo queda en el aire.
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Son ya varios los accidentes a vehículos oficiales del Legislativo, por lo que no establecer claramente el grado de responsabilidad de los diputados sobre los vehículos, sobre todo en el caso de los usos no oficiales de las unidades, es una grave omisión.
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Lo justo sería que cualquier daño al patrimonio legislativo por la utilización ajena a las actividades oficiales del Congreso debería ser pagado por los diputados.
¡HASTA MAÑANA!