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El intento de defensa que la clase empresarial hizo en favor del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) se topó de lleno con la obstinación del Congreso del Estado, que desairó su llamado a cancelar el juicio político abierto en contra de Jaime Pineda Arteaga, que publicaron en un desplegado aparecido el domingo.
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En su respuesta, vía la presidenta de la comisión especial instructora del juicio, Paola Arreola, el Congreso señala que no trabaja bajo presiones, por lo que seguirá con su plan de someter a Pineda Arreola al juicio.
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Seguramente, la negativa tajante, y la sugerencia de las presiones interesadas, no harán ningún bien a la ya de por sí tirante relación de las cámaras con los legisladores.
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También anticipa un poco el resultado del juicio. Tanto empeño legislativo no augura ningún saldo positivo para el titular de la SSP.
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Y otra figura del gabinete estatal que tendrá que lidiar pronto con los diputados locales es la secretaria de Salud, Mónica Rangel. Ayer, la Comisión de Salud la citó a comparecer el próximo 10 de julio.
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La lista de asuntos relevantes no es un misterio: abasto de medicinas y el estado de instalaciones médicas.
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Del primero, por supuesto que están las compras de medicamentos adulterados en el Hospital Central, algo sobre lo que los Servicios de Salud han guardado un cómodo silencio.
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También está la situación de algunos hospitales inconclusos, como el del General de Rioverde; o en el limbo, como el de Los Hernández, en Santo Domingo.
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Tambié será interesante conocer la situación financiera del organismo, concretamente la situación de sus pasivos, que se prometieron reducir a cero en el primer trimestre, aunque los propios documentos contables establecen que el compromiso quedó incumplido.
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El Instituto de la Vivienda del Estado salió del letargo en el que parece haber caído desde hace meses y anuncia la construcción de mil 800 viviendas en Ciudad Satélite.
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Con que no sean los mismos palomares construidos en la administración de Marcelo de los Santos Fraga, si no, el destino de abandono del proyecto inmobiliario no será distinto a lo que ahora vemos.
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¿Anda el PRI potosino en dos direcciones distintas en la renovación de la dirigencia nacional?
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La cargada de los gobernadores, incluido Juan Manuel Carreras López, está con su colega de Campeche, Alejandro Moreno.
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Pero, según medios nacionales, el comité estatal priista está con Ivonne Ortega Pacheco.
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Aunque desde ahora los indicios apuntan a que la elección está ya cargada hacia Moreno, resulta llamativa la confusa postura de del tricolor en San Luis: su jefe real, apuntando en una dirección, y el comité estatal en otra.