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Desde su proceso constructivo y el desarrollo de la primera etapa del proyecto el centro de producción y comercialización agroindustrial de Santa Rita enfrentó una serie de adversidades tales como lentos proyectos de crecimiento y la variación de su producción a través de la historia.
Por igual, el proyecto inició con la producción de tomates y pimientos morrones, falta de mano de obra por la migración de los habitantes de alrededor y dudas acerca del financiamiento y la utilidad de la venta de sus productos. Auditorías y pronunciamientos politicos también entramparon un desarrollo agroindustrial que hasta ahora sólo ha generado por la utilidad otro proyecto similar conocido como “El Huevo” en Villa de Arista.
Si bien el invernadero de Santa Rita se ganó la reputación de un centro de producción regido bajo estrictos estándares de calidad y mejora continua, los productos de salida han sido calificados por los consumidores como de buen cuidado y en cumplimiento de los procesos obligados para garantizar su durabilidad e inocuidad.
Sin embargo, las reglas de funcionamiento establecidas por el gobierno de Estados Unidos representan un reto diferente, sobre todo, cuando cambia el régimen político y éste a su vez modifica las exigencias aplicables a los productos importados. A lo largo de la historia reciente México ha sufrido restricciones para la exportación de aguacate y atún hacia territorio estadounidense.
Obviamente, aquel país se rige con su propia normatividad y expectativas y espera recibir productos de acuerdo a sus exigencias. Sin embargo suele incurrir en excesos cuando parte de sus requerimientos supera los límites establecidos por la normatividad internacional, a decir de los datos que arroja la Organización Mundial de Comercio, por lo que se refiere a quejas presentadas por diversos países.
La desigualdad también ocurrió con frecuencia en los arbitrajes del Panel Internacional del Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo en fallos que incluyen una sentencia en contra del gobierno mexicano dictada a principios del siglo, para obligarlo a pagar 16 millones de dólares por clausurar un confinamiento de desechos industriales conocido como Metalclad en la comunidad Los Amoles, perteneciente a La Pedrera, Guadalcázar.
El gobierno mexicano consideraba que la construcción de ese cementerio de residuos industriales no se apegaba a la normatividad ambiental y por ello era necesario su cierre, puesto que según los argumentos de aquella época, ni siquiera se acercaba a los estándares del confinamiento de Mina, Nuevo León.
De injusticias es posible encontrar casos por diferentes aristas. En 2000 entró en operaciones el invernadero de Santa Rita, pero no ha enfrentado trato injusto por lo que se refiere a la presentación final de sus productos. Es más, los productos potosinos son demandados en el mercado de los Estados Unidos y no existen peros para los tomates de ambos invernaderos potosinos.
Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos trata de proteger su mercado evitando que lleguen productos más baratos de otros países. El seguimiento a un caso donde los productores estadounidenses piden la entrada de tomate con aranceles, podría entonces generar una dinámica de demanda de trato equitativo. Recordemos que en México hay supermercados estadounidenses que ofrecen productos más baratos y técnicamente han quebrado empresas de este país.
¡¡HASTA MAÑANA!!